El cambio ha empezado por el territorio. (Publicado en Mercados de El Mundo)

Esta semana ha tenido lugar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que evidencia el nuevo poder territorial en España derivado de las elecciones del 24 de mayo ya que, por primera vez en mucho tiempo, en representación de las respectivas CCAA, se sentaron más consejeros socialistas que populares. El cambio se ha notado desde el principio, sobre todo, en dos asuntos no menores: la defensa de las políticas cohesivas del Estado del Bienestar, frente a los recortes sistemáticos de antes y la defensa de los intereses autonómicos en el reparto por administraciones del objetivo de déficit, frente a la sumisión anterior.

Con los últimos datos oficiales publicados resulta muy difícil ocultar un hecho que he señalado aquí en anteriores ocasiones: la reducción del déficit público a lo largo de la presente legislatura se ha hecho, básicamente, de la mano de las CCAA, a pesar de que no era ahí donde se situaba el principal problema. Aún con ello, España sigue siendo el segundo país de la eurozona (tras Chipre) en tener, a estas alturas, un mayor déficit público en relación al PIB y una mayor tasa de crecimiento de la deuda pública. Si se cumplieran en 2015 los objetivos señalados por el Gobierno (con los datos hasta abril, hipótesis poco probable ya que la Seguridad Social incrementará su desequilibrio a pesar de la fuerte reducción del Fondo de Reserva), el total del déficit, como porcentaje del PIB, se habrá reducido 4,7 puntos desde 2011, sin contar las ayudas a los bancos. El 70% de ese esfuerzo de reducción se debe a las CCAA, que habrán bajado su déficit conjunto más de 3,4 puntos porcentuales, mientras que el conjunto de la Administración Central se habrá mantenido estable, e incluso con un leve ascenso de 0,5 puntos. Si, han leído bien: aquí, solo se han apretado el cinturón las CCAA hasta el punto de que al cierre de 2014, su déficit conjunto representaba el 1,7% del PIB mientras que el Estado acumuló un déficit equivalente del 4,6% del PIB. Y a pesar de que en 2015 el Estado Central se reserva un objetivo de déficit (2,9% del PIB) que es tres veces mayor que el impuesto a las CCAA (0,7%), el ministro Montoro presentaba para 2016 un objetivo donde el abanico se amplía todavía más, entre un 2,2% que se reserva para sí y el 0,3% que pretende imponer a unas CCAA que, por primera vez, le han protestado, proponiendo un reparto interno diferente del mismo objetivo total de déficit, más acorde con los esfuerzos realizados en los últimos cuatro años y con el peso relativo de los gastos en cada uno de los niveles de administración.

Que la mayor reducción del déficit se haya centrado en las CCAA y no en el Estado Central, no tiene fundamento económico. Se acumula la evidencia en el sentido de que España ha tenido, como consecuencia de la crisis, mucho más un problema de caída de ingresos públicos, que de incremento en los gastos, ambos muy por debajo de la media de países de la eurozona. La OCDE acaba de publicar un análisis, según el cual, entre 2007 y 2013, los ingresos públicos por habitante han caído en España un 3% de media anual, más que en Grecia e Irlanda, mientras que los gastos públicos por habitante han subido apenas un 0,6% anual. Si tenemos en cuenta que nuestro modelo de financiación hace que los ingresos de las CCAA tengan un retraso de casi dos años respecto a los del estado y, por el contrario, el grueso de sus gastos sea mucho más rígido que los del Estado al concentrarse en sanidad, educación, dependencia y gastos sociales, una crisis como la vivida en España presiona más a las CCAA, salvo en el gasto por desempleo que es competencia del Estado Central. Si, además, la capacidad de endeudamiento es menor, la asimetría está servida para explicar que el resultado tendría que haber sido el contrario: un mayor ajuste del déficit en el Estado Central que en las CCAA, sobre todo, en los dos últimos años de recuperación. Por tanto, si no ha sido así, es porque se han impuesto decisiones políticas sobre las CCAA que han buscado dos objetivos: recortar las políticas del Estado del Bienestar y recentralizar las decisiones en el Gobierno Central. Es decir, lo que ha ocurrido en España ha sido consecuencia de aplicar desde la mayoría absoluta una política de austeridad injusta ya que solo lo ha sido para unos y no para otros.

Si analizamos las sucesivas actualizaciones del Programa de Estabilidad presentadas por este Gobierno, se concluye que entre aquellas políticas de gasto que más se han visto recortadas están las del Estado del Bienestar. El gasto en educación y sanidad, concentrado en CCAA, se ha reducido un 21% en cuatro años, a pesar de que en ambos estamos bastante por debajo del que realizan otros países de nuestro entorno. Por otro lado, hemos agotado la legislatura sin cumplir la promesa de revisar el modelo de financiación autonómica que genera graves insuficiencias de ingresos en muchas CCAA que se traduce en un gasto por habitante muy desigual. En lugar de cambiar la financiación, el ministro Montoro ha optado por prestar dinero a las CCAA hasta convertirse en la troika de las mismas. Hoy, el principal acreedor de las CCAA es el Gobierno central lo que representa una anomalía que, no obstante, le ha permitido al ministro intervenir en la gestión de las CCAA, recentralizando decisiones bajo la excusa de condiciones para acceder al endeudamiento que necesitan ya que no se les da la financiación suficiente. Y, en este contexto, con las autonomías asfixiadas y endeudadas, se les impone de manera unilateral una rebaja electoralista del IRPF que afecta a sus previsiones de ingresos. Con estos antecedentes, no es extraño concluir que el cambio político solo ha empezado por el territorio, pero que no ha concluido.