Ausenc¡a de diseño reformista. (Publicado en Mercados de El Mundo)

         Resulta que si había un Plan B. Pero no para compensar el impacto de un posible menor crecimiento económico sobre el déficit público en 2011, ni para hacer frente a la deuda sanitaria embalsada en las Comunidades Autónomas y que puede sobrepasar un punto de PIB, ni para acelerar la salida a la recesión mejorando el acceso al crédito, ni para asegurar la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar, ni tan siquiera para adoptar medidas equivalentes a una devaluación interna que permita recuperar competitividad a la economía española. No. El nuevo grupo de medidas económicas aprobado por el Gobierno esta semana, como el de mayo pasado, viene determinado por el envite que los mercados financieros están realizando sobre la economía española y no por un diseño reformista autónomo.
         Así, las decisiones aprobadas no forman un conjunto articulado de elementos con el objetivo de favorecer el crecimiento y la competitividad de nuestra economía sino que, más bien, constituyen un nuevo elenco disperso de respuestas asistemáticas, con la pretensión de aparentar firmeza ante los mercados financieros.
         Resulta difícil pensar que si la prima de riesgo no hubiera alcanzado estos días los trescientos puntos básicos, el Gobierno hubiera aprobado estas medidas. De lo que se deduce dos cosas: que son los mercados financieros internacionales quienes marcan los tiempos de la política económica española y dos, que la mayoría de  medidas anunciadas en lo que llevamos de legislatura, se han adoptado más por necesidad cosmética de hacer algo frente a presiones externas, que por convicción sobre la necesidad de hacerlo.
         El Presidente del Gobierno ha reconocido el error que cometió al no darse cuenta, desde el principio, de la gravedad de la crisis. Permanezcan atentos, porque no tardará en explicitar que el segundo gran error cometido ha consistido en esa sucesión aleatoria y espasmódica de medidas con que ha pretendido hacer frente, sin éxito, a la recesión, una vez reconocida.  
           ¿Qué tiene que ver la supresión del régimen de MUFACE para funcionarios, la eliminación de la cuota obligatoria a las Cámaras de Comercio, la rebaja del Impuesto de Sociedades para las PYMES, la subida del impuesto sobre el tabaco, la desaparición de la ayuda a los parados de larga duración y la privatización parcial de la Lotería Nacional y los aeropuertos, con un plan articulado de estímulo al crecimiento económico y a la competitividad de nuestro país?
 Consideradas de manera aislada, son medidas que pueden estar bien, que rectifican críticas anteriores cuando otros lo proponían, que ayudan a mejorar los beneficios empresariales y el déficit público, pero que siguen soslayando los cuatro problemas fundamentales a los que España tiene que dar solución: reactivar el crédito a las empresas y familias, rebajar los costes laborales no salariales, redefinir el esquema de financiación y sostenibilidad de las políticas de bienestar social y cambiar el modelo productivo hacia otro más sostenible y con mayor valor añadido.
El debate importante, por tanto, no debe hacerse entorno a las medidas concretas de cada momento, fruto en muchas ocasiones de iniciativas sacadas de los cajones de los ministerios (algunas de ellas ya se barajaban hace dieciséis años, cuando estuve de Jefe de Gabinete de Pedro Solbes en Economía y Hacienda), sino a las medidas que faltan, empezando por un diseño inteligente de salida a la crisis que vaya más allá de una simple respuesta condicionada a las exigencias recurrentes de los mercados financieros.
Por poner un ejemplo: acabar con la obligación de pagar una cuota empresarial a las Cámaras de Comercio representa, para más del 75% de las empresas del país, un ahorro de entre cero y 20 euros al año. No digo que no deba hacerse. Pero ¿realmente puede creer alguien que esa cantidad determina una ayuda fundamental a la competitividad de empresas necesitadas de ayuda institucional y asfixiadas por la morosidad de las administraciones públicas y por la sequía de créditos?
¿Qué modelo de país se propone cuando después de haber acabado con las Cajas de Ahorro, convertidas en bancos privatizables, titularidad de Fundaciones, se postula el fin de las Cámaras de Comercio, en medio de una nueva rebaja impositiva para las empresas y el recorte de ayudas sociales para parados de larga duración, mientras seguimos sin abordar la reforma de las pensiones, la sanidad, la dependencia, el sistema impositivo, la innovación y el modelo productivo?
¿Existe margen para especificar una salida progresista a la crisis, frente a otra salida conservadora? ¿En qué se diferencian? ¿Están tan alejados ambos enfoques, que resulta imposible un gran acuerdo a pesar del coste que ello tiene para el país en forma de prima de riesgo?
Después del ruido mediático levantado por la presentación del Informe “Transforma España” de la Fundación Everis y de la reunión en Moncloa con un grupo destacado de empresarios, era legítimo esperar del Gobierno una amplitud de miras mayor que la manifestada por este enésimo paquete de medidas que parece tenerlo todo, menos lo fundamental. Pero eso exige reconocer que no todos nuestros problemas provienen de las declaraciones desafortunadas de la canciller Merkel, ni de unos mercados sin cuyos ataques existen dudas fundadas de que el Gobierno hubiera hecho algo más que esperar a que escampara.
 El problema sigue estando en la gran distancia existente entre la magnitud de las transformaciones necesarias tras la crisis y la escasa ambición reformista de un Gobierno cuyo diseño de país competitivo y solidario, cuesta entrever entre tanta medida burocrática. Seguimos desaprovechando oportunidades para impulsar programas reformistas consensuados que permitan relanzar la reactivación de nuestra economía en medio de una productividad creciente de los factores productivos y de unas reglas del juego que ayuden a mejorar la competitividad empresarial, sin destruir cohesión social.
De nuevo, se tiene la impresión de asistir a un juego, ya visto, de sombras chinescas, donde lo importante no es lo que hace, sino lo que se aparenta que se hace, frente a los mercados y frente a unos ciudadanos que ya empiezan a reflejar en votos, su opinión sobre esta manera de gestionar las cosas.