La economía española acumula tres trimestres consecutivos de crecimiento
y todas las previsiones confluyen en que hemos salido de la recesión (PIB),
aunque todavía no de la crisis (paro). Sin embargo, nada ha ocurrido como
dijeron los gobernantes, por lo que resulta difícil atribuir méritos del tipo
salimos de la crisis gracias a tal política económica. Encabezados por Merkel
como líder de la coalición de acreedores, la visión que se ha impuesto de
esta crisis en Europa ha estado basada en que algunos países manirrotos
hemos gastado por encima de nuestras posibilidades, lo que nos ha llevado
a acumular unas fuertes deudas que cuestionan la solvencia de quienes nos
prestaron sin límite. A partir de ahí, recuperar el equilibrio moral y
económico exigía que los deudores se apretaran mucho el cinturón,
redujeran sus gastos de consumo en base a políticas de austeridad, para
permitir recuperar ahorro con el que ir devolviendo las deudas. Junto a ello,
en los casos en que los riesgos de impagos pusieran en peligro la viabilidad
de los bancos prestamistas, había que correr al rescate de los mismos con
dinero de los contribuyentes, pues su estabilidad era básica para el sistema,
mientras los países deudores debían proceder a un serio ajuste de costes
internos (empobrecimiento o devaluación interna), para re conducir su
capacidad de generar recursos nuevos (crecimiento) desde el desbocado
consumo interno, hacia las exportaciones competitivas. Les suena, ¿no?
Desde mayo de 2010, esa es la música de la política económica seguida en España por nuestros gobiernos y supervisada por la troika. Cuatro años después podemos decir que la realidad ha ido por otro lado. Y que si vivimos hoy una recuperación, no es por seguir esa lógica económica que muchos economistas criticamos por carecer tanto de fundamento científico, como empírico. Lo veremos en tres apartados. El discurso de la austeridad se trasladó al ámbito de las cuentas públicas, a pesar de que en España, el sobre endeudamiento solo se produjo en el sector privado hasta el punto de que la deuda pública se redujo a mínimos históricos en el periodo anterior al estallido de la burbuja inmobiliaria. Dicho de otra manera, los incrementos de déficit público que se produjeron a partir de 2008 fueron una consecuencia clara de la crisis (caída de ingresos impositivos e incremento de gastos de desempleo) y no una causa de la misma. No fue el exceso de gasto público (despilfarro) lo que provoco la crisis en España. Sin embargo, la solución a la crisis parecía estar en controlar el déficit público mediante severos recortes en los gastos públicos. Y así se hizo. O mejor, así se dijo que se hacía porque si analizamos lo ocurrido es que solo ha habido un año de recorte del gasto público, 2010, coincidiendo con lo peor de la crisis. A partir de ahí, ha habido recortes selectivos en gastos autonómicos, pero el conjunto del gasto público no se ha reducido en el Estado central, tenemos un déficit cercano al que había hace dos años, pero la deuda pública ha aumentado de forma espectacular. Dicho de otra forma, la austeridad en el sector público ha sido ideológica (recortes sociales), recesiva (caída en la inversión pública) y aparente (incremento de la deuda pública). En el ámbito privado, la austeridad predicaba que familias y empresas incrementaran sus tasas de ahorro mediante fuertes recortes en los gastos. Solo así, se decía, podrían ir devolviendo la ingente cantidad de deuda que acumulaban. El saber económico convencional, por su parte, señalaba que el ahorro está en función de dos variables: las expectativas y la renta disponible, de tal manera que si los ingresos de las familias caían como consecuencia del paro creciente y los salarios menguantes asociados al propio proceso de ajuste, la tasa de ahorro caería, salvo en momentos excepcionales de incertidumbre, aunque también se redujeran los gastos. Eso es exactamente lo que ha pasado hasta el punto de que en el primer trimestre de este año, según los datos de Contabilidad Nacional, la tasa de ahorro de los hogares fue negativa y la más baja desde antes de la crisis, no porque las familias sean manirrotas, sino porque su renta disponible ha caído de manera apreciable. Desde el inicio de la crisis el stock de deuda de familias y empresas sigue a niveles muy elevados y su reducción, a un ritmo muy lento, se ha debido sobre todo a que se ha frenado la concesión de nuevos créditos. El balance sobre el endeudamiento que se puede hacer de la política de austeridad es, pues: en lo público, una fuerte subida impositiva, junto a importantes recortes en gastos sociales que no han impedido, pese a todo, que la deuda pública de dispare. En lo privado, un empobrecimiento elevado de las familias y empresas que, no obstante, solo ha permitido ligeros recortes en el stock de deuda acumulado. Así, a pesar de la dura política seguida, la deuda bruta española sigue triplicando al PIB nominal, siendo dos tercios de la misma deuda externa. El esfuerzo de devaluación interna seguido con el objetivo de conseguir un crecimiento basado en las exportaciones y no en el consumo interno no ha tenido, tampoco, mayores éxitos ya que la recuperación experimentada por el PIB se debe a un aumento del consumo de las familias. El crecimiento del PIB en los últimos tres trimestres hasta acumular un avance del 0,7%, se debe a una aportación de la demanda interna de 1,2 puntos porcentuales y una detracción de 1,2 pp del sector exterior, según señala el último Informe de la AEB. Crecemos porque consumimos más, no porque ahorremos y exportemos, como nos contaron que pasaría. Muchas cosas han cambiado, a mejor, en la economía española y europea en los últimos meses. Pero se explican mejor por cosas como el relajamiento en el calendario de reducción de los déficit públicos o en el giro total de la actuación del Banco Central Europeo, que por las políticas de austeridad, de las que tanto se habló.
