Plan de Empleo Juvenil, no gracias. (Publicado en Mercados de El Mundo)

Cuando leí a la vicepresidenta segunda decir que el Gobierno estaba pensando en proponer un Plan de Empleo Juvenil para hacer frente a ese 40% de jóvenes que están hoy en paro en España, lo primero que pensé es: por favor, habladlo antes con el vicepresidente tercero. Seguramente, la mitad de la población adulta actual no sabe que el 14 de diciembre de 1988 hubo en España una huelga general que paralizó al país.

Pero, seguramente, la otra mitad de la población no recuerda que el detonante de ese conflicto que significó la ruptura entre la UGT y el Gobierno socialista de Felipe González y cuyas consecuencias, en términos de gasto público y subidas salariales, enmarcaron la crisis de 1992, fue la aprobación por parte del Gobierno de un Plan de Empleo Juvenil, siendo ministro de Trabajo Manolo Chaves. Ya sé que nada es igual y que la historia no se repite. Pero, por si acaso, yo no empezaría una reforma del mercado laboral por ahí.

Desde mi puesto de asesor económico en Moncloa, defendí entonces el plan, porque la peor precariedad laboral es el paro, y en aquellos tiempos teníamos unos 800.000 jóvenes en disposición de trabajar y sin haber tenido todavía ninguna experiencia laboral. Para ellos, el plan preveía unos contratos de inserción de entre seis y 18 meses, bonificado y con salario mínimo, junto a unas horas obligatorias de formación. Se trataba de romper, como en otros países europeos, el círculo de exclusión de un mercado laboral que empezaba a crear empleo, pero que demandaba una experiencia previa imposible de obtener si no se entraba, de alguna manera, en el mundo laboral.

Es cierto que las acusaciones de precarización que se vertieron sobre el plan venían precedidas por la creación, cuatro años antes, de los contratos temporales que, si bien ayudaron a crear empleo, iniciaron una dualización injusta de nuestro mercado laboral en la que seguimos hoy en día. La división entre contratos temporales y contratos indefinidos no es ajena al hecho más característico de nuestra economía: cuando crecemos, creamos empleo con una elevada temporalidad y cuando decrecemos, creamos paro en proporción muy superior a otros países. El 20% de paro de hoy es, en parte, la otra cara de la moneda del 30% de temporalidad de ayer y la sospecha es que la temporalidad y el paro excesivos de unos trabajadores son el precio que hay que pagar por la estabilidad excesiva del resto.

El desempleo juvenil actual apenas si tiene nada que ver con el de entonces. Ahora, el 80% está formado por jóvenes que han perdido sus trabajos y son apenas 240.000 los que no han tenido, todavía, experiencia laboral alguna. Por tanto, es de esperar que un plan de empleo juvenil en 2010, del que también ha hablado el Congreso, se parezca poco al de 1988. Pero, entonces, ¿para qué un plan específico para un colectivo que sólo se ve desfavorecido por una legislación anticuada? ¿No sería más razonable cambiarla para evitar una discriminación que lleva a demasiados jóvenes a concatenar contratos temporales, para ser luego los primeros en ser despedidos sin coste?

La regulación de los contratos temporales se hizo ante la imposibilidad de acordar otras fórmulas de flexibilidad en las reglas de funcionamiento del mercado laboral. Posiblemente, ha llegado la hora de cerrar la brecha abierta en 1984 entre dos opciones de contratar, unificando las actuales figuras de la contratación temporal con la del nuevo contrato indefinido. Pero ello exigirá reabrir el debate sobre otros mecanismos de flexibilidad necesarios, tanto en la salida como durante la vida del contrato. Si no queremos que contratar de forma precaria y despedir de forma masiva sea el principal instrumento de ajuste de nuestro mercado laboral, tendremos que abordar otras alternativas que incluyan la revisión de las políticas activas de empleo.

Esta semana, en el Aula de Debates de la Fundación Alternativas, que dirijo, hemos planteado el asunto de qué reforma laboral era la necesaria hoy en España. Y me ha sorprendido la coincidencia entre visiones contrapuestas del asunto a la hora de proponer reducir, hasta casi eliminar, la contratación temporal, salvo para pocos casos muy tasados, siendo sustituida por un mayor desarrollo de los contratos indefinidos a tiempo parcial, los fijos discontinuos y los llamados de fomento del trabajo indefinido establecidos en la reforma de 1997, con despido de 33 días. Con ello, se elevaría la protección total sobre los trabajadores, pero se distribuiría de una forma más equitativa, favoreciendo a los jóvenes.

Si queremos caminar en serio hacia un modelo de crecimiento distinto, más basado en la calidad, el talento y el valor añadido, las reglas actuales del mercado laboral deben cambiar en dos aspectos esenciales: necesitamos más trabajadores indefinidos, integrados en las políticas de formación de las empresas, así como debemos modificar la negociación colectiva para que permita un ajuste más rápido a las necesidades de la coyuntura de los mercados y a las características concretas de cada empresa.

He señalado en otros artículos las dificultades que veo para una recuperación significativa en 2010. Desde luego, no parece que, salvo las exportaciones, podamos ver estímulos provenientes de la demanda, ya que el paro, la sequía de crédito y la austeridad pública son tres elementos estabilizadores de un crecimiento que oscilará en torno a cero. Por tanto, algo tendremos que hacer por el lado de la oferta y en esa línea va la Ley de Economía Sostenible, aunque el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, apenas si le reconoce capacidad de elevar «unas décimas» el PIB potencial.

Ahora que hemos inaugurado la temporada de reformas, una que acabe con la temporalidad laboral como elemento principal de flexibilidad, desplazando ésta a otros factores del mercado de trabajo, sería el mejor plan de empleo juvenil que pudiéramos hacer. Y, en todo caso, no deberíamos seguir diseñando nuevos contratos para jóvenes que les mantengan precarizados, aunque se les suba el salario mínimo.