La derecha, ¿gestiona mejor esta crisis? (Publicado en Mercados de El Mundo)

Los resultados electorales del pasado domingo señalan que los europeos confían más en los partidos de derecha para gestionar la salida de la crisis. Los votantes han respaldado de forma mayoritaria al Partido Popular Europeo y a los gobiernos de derecha, mientras a los abstencionistas tanto les da. Así, y a diferencia de lo que ocurrió en Estados Unidos con la victoria de Obama, Europa se entrega en manos de los partidos de derecha para solucionar la gravísima recesión que padecemos. Esta constatación es novedosa pues ha sido la izquierda la encargada de arreglar los desperfectos del sistema capitalista. Pero también resulta paradójica si tenemos en cuenta que han sido los principios neoliberales los que han precipitado la crisis y que las medidas anticrisis más exitosas se basan en consolidados principios socialdemócratas, como mayor gasto público, déficit presupuestario e intervención del Estado en la economía.

Pocos dudan de que las políticas que han conducido a la recesión económica actual se han derivado de creencias ideológicas más cómodamente asumidas por la derecha: desregulación de los mercados financieros internacionales, confianza ciega en la capacidad de autorregulación del sector privado, retirada de lo público como cuestión de principios, confianza en la bondad colectiva del objetivo individual de búsqueda del máximo beneficio propio. La crisis, con sus gotas de codicia, de avaricia y de fraudes, se produce en un contexto de larga hegemonía neoliberal. Sin embargo, en la lucha contra las consecuencias de esa crisis, todos los gobiernos están utilizando al Estado para contrarrestar las deficiencias e insuficiencias del mercado. No sólo se está tirando del gasto público para suplir la atonía de la demanda privada y utilizando instrumentos monetarios o bancarios públicos para desatascar las cañerías del crédito privado. Es que se está nacionalizando bancos e interviniendo en empresas privadas y en mercados claves como la automoción.

Si las políticas más de derecha son las que han propiciado la crisis financiera, están siendo las políticas más de izquierda las que se están utilizando para hacerle frente. Pero los europeos quieren que sean los partidos de derecha quienes gestionen la situación, aunque tengan que aplicar políticas socialdemócratas con algunas gotas xenófobas de esa extrema derecha ascendente.

En el caso de España, donde seguirán los socialistas gestionando las cosas, las elecciones deben analizarse como el resultado del choque de dos fuerzas encontradas: la hiperactividad del Gobierno tras el cambio de ritmo, tanto aprobando medidas como anunciándolas y, por otro lado, la preocupante sensación, que crece en ámbitos cualificados nacionales e internacionales, de un quietismo gubernamental confiado en el tono verduzco, apenas intuido, de los nuevos brotes. Si descartamos interpretaciones sectarias, sólo se me ocurre una explicación a esto último: sobre algunos asuntos fundamentales, se está pasando de puntillas, mientras que se concentra todo el fuego en otros temas, como la Directiva de Servicios o la Ley de Puertos, importantes, pero que no tienen que ver con la crisis. Daría la impresión de que, para mucha gente, los problemas acuciantes percibidos en España están en un sitio, mientras que las respuestas ofrecidas por el Gobierno se sitúan en otro lugar distinto. Ilustraré esta tesis con tres ejemplos.

Después de que la vicepresidenta económica reconociera la necesidad de proceder a una reconversión del sector financiero, se ha hecho público un estudio de PwC, según el cuál, hay un exceso de oficinas del 30% y una necesidad de recapitalización que puede llegar a 70.000 millones. En paralelo, se ha confirmado la existencia de una sequía crediticia excesiva y se han reconocido las serias limitaciones para que las ayudas del ICO logren traspasar la barrera bancaria hasta llegar a sus destinatarios. Si, como se dice, llevamos desde febrero pendientes de aprobar la hoja de ruta de la reestructuración del sector, retrasarlo mucho más es dejar a nuestras empresas y familias injustificadamente carentes de liquidez y aceptar que la banca extranjera vaya ganando posiciones competitivas tras sus intensos planes de saneamiento con recursos públicos.

Que la crisis no haya tenido su origen en el mercado laboral no quiere decir que no debamos buscar, ahí también, soluciones para evitar la destrucción de empleo que sufrimos como consecuencia de nuestra peculiar estructura productiva. Agrupados en torno a dos manifiestos con posiciones enfrentadas, más de 300 expertos están debatiendo una reforma del mercado laboral que permita ir cerrando las cinco brechas existentes, según ha señalado el Consejo Económico y Social: fijos y temporales, jóvenes y viejos, mujeres y hombres, nacionales e inmigrantes, cualificados y no cualificados. Con más de cuatro millones de parados, cubrir este asunto bajo el manto de un diálogo social clandestino es lógico que genere inquietud.

Último ejemplo: cuando, a pesar de todos los esfuerzos realizados con las pensiones, una encuesta del Imserso señala que, en nuestro país, el 31% de los jubilados recibe ingresos por debajo del indicador europeo de pobreza, y otro porcentaje está peligrosamente cerca del mismo, la renovación del Pacto de Toledo no puede demorarse más. Sobre todo cuando las líneas maestras han sido explicitadas ya a la prensa por el secretario de Estado y nos encontramos ante un asunto delicado en el que las distancias entre partidos no son grandes y hasta los sindicatos han aceptado que la Seguridad Social pueda complementar su financiación con ingresos distintos a las cotizaciones, abriendo la puerta, con ello, a una sustitución de las mismas por imposición general como reclama, por ejemplo, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio en sus Propuestas ante la Crisis.

Puede que todo sea un problema de esperar, de tiempos. Pero resulta cada vez más urgente que la derecha española vaya enseñando sus cartas sobre estos asuntos si aspira, de verdad, a gestionarlos no sólo en Estrasburgo, sino aquí.