El tiempo útil de las legislaturas se acorta cada vez más: dos años para hacer, uno para consolidar y otro para intentar convencer a los electores de lo hecho. Eso es así, incluso en momentos como los actuales, que combinan una gran mayoría electoral junto a la existencia de varios terremotos políticos que requieren adoptar medidas transformadoras e incluso, a pesar de que los expertos aseguran que las elecciones nunca se ganan por lo hecho, sino por los proyectos de futuro que se logre presentar. Así, iniciado el último año de la legislatura, ya han empezado los festejos gubernamentales cuya percha fundamental (casi única) está siendo la economía, donde estamos saliendo de la recesión, aunque no de la crisis, en base a una perspectiva de crecimiento para este año y el próximo, por encima de la media de los países de la eurozona.
Siendo cierto este dato, conviene rebajar el triunfalismo comparativo. Y propongo hacerlo de la mano de dos comentarios. El primero, en boca del primer ministro italiano Ranzi cuando dijo aquello de que no entendía que su oposición le pusiera como ejemplo de desempeño económico a España, un país con un 26% de paro. El segundo, cuando escucho al ministro de Guindos sacar pecho porque crecemos más que Alemania, no puedo evitar pensar que a pesar de ello, la inmensa mayoría de españoles preferiríamos crecer igual que los alemanes, a cambio de tener su renta per cápita, sus pensiones, su protección social o su competitividad internacional.
Las primeras escaramuzas electorales permiten ver que unos de los ejes de la “venta” que realizará el Gobierno sobre lo hecho, se expresa en forma de que ahora, los riesgos sobre nuestra recuperación, ya no vienen de dentro del país, sino de fuera, del impacto que sobre nosotros tenga el estancamiento europeo. Por tanto, se dice, nosotros hemos hecho los deberes y si surgen problemas, la culpa es de Europa. Esta lectura de la situación puede tener, o no, réditos electorales. Pero es bastante incompatible con la verdad, al menos, tal y como yo la veo.
El motor de nuestra recuperación ha girado desde el sector exterior (donde recuperamos los déficits históricos), hacia la demanda interna y, en concreto, hacia el consumo privado. Por ello, las mayores restricciones a nuestro crecimiento, en forma de incertidumbres, vienen de dentro y no de fuera, como cuando, hace unos años, el cierre de los mercados internacionales de capitales provocó un “credit crunch”. Desde esa perspectiva, creo que se pueden cumplir las previsiones del Gobierno para 2015, en base a los siguientes elementos que actuarán de manera positiva sobre la demanda interna: La aprobada rebaja impositiva, más allá de sus críticas en términos de equidad, dejará más dinero que ahora en ciertos bolsillos privados que, en parte, se transformará en mayor consumo. En segundo lugar, la creación de empleo que, aún precario y mal pagado, algo mejora la renta familiar. En tercer lugar, una política presupuestaria menos restrictiva, al menos, en dos puntos: remuneraciones (con pagas extras de nuevo) y reactivación de la inversión pública. En cuarto lugar, el descenso del precio del petróleo y la depreciación del euro. En quinto lugar, los avances en la reanudación del crédito bancario a empresas y familias. Por último, la finalización selectiva de las bajadas salariales. Todo ello junto hace creíble que el consumo de las familias crezca en 2015 en torno al 2,1% , empujando al alza la evolución del PIB hasta un 2% de media anual.
Sin embargo, todos ellos son factores de corto recorrido ya que ni la creación de empleo, ni el margen presupuestario (ingresos y gastos) o el crédito bancario es pensable que puedan escalar de manera significativa a lo largo del año, de tal manera que podamos afrontar un 2016 mejor en términos de crecimiento del PIB. Si bien no contemplo una caída en forma de nueva recesión, como sucedió tras los “brotes verdes” de 2010, tampoco encuentro elementos que me hagan pensar que el crecimiento va a ir cogiendo fuerza y vigor de manera paulatina, siendo lo más probable, a falta de conocer el impacto de las medidas de inversión en infraestructuras que se puedan acabar adoptando en la Unión Europea, un cierto estancamiento en torno al 2% previsto. Nos instalaríamos, pues, en un crecimiento modesto, incapaz de sacarnos por sí solo, de una crisis caracterizada por elevado nivel de endeudamiento, público y privado, altas tasas de paro coexistiendo con nuevos trabajadores con remuneraciones cercanas al umbral de la pobreza y, todo ello, en un contexto evidente de creciente desigualdad social y ausencia de modelo productivo en el que situar el futuro del país.
El principal riesgo de tal crecimiento lánguido, prolongado a lo largo del año 2015, sería su impacto sobre el ánimo de los consumidores que pueden regresar a situaciones previas en las que, por motivos precaución, prefieran incrementar sus tasas de ahorro antes que mejorar su consumo con el consiguiente efecto depresivo sobre la demanda interna. Este factor depresivo sobre la confianza de los consumidores e inversores puede agravarse por tres incertidumbre procedentes del ámbito político institucional: el conflicto catalán, la evolución de los casos de corrupción y la posibilidad de un resultado electoral que haga imposible la constitución de un gobierno estable, con capacidad de adoptar decisiones. La temida parálisis por ingobernabilidad, en medio de problemas político institucionales crecientes y en un contexto de atonía económica, es algo más que una hipótesis con baja probabilidad. De hecho, formaría hoy el escenario central en muchos análisis de evaluación de riesgos sobre el futuro inmediato de nuestro país donde, como se ve, las restricciones principales proceden del interior, de nosotros mismos y, en parte, del frente político pero, también, de los problemas derivados del modelo de salida de la recesión que hemos aplicado.
Vienen curvas a lo largo de los próximos meses. Y si eso es lo previsible, no querría que cuando llegaran, el conductor estuviera distraído, celebrando que hemos pasado lo peor del puerto. Aunque sea con cava.
