Para quienes crean que “nuestro más importante problema es el paro juvenil y la precariedad laboral” como dijo el Presidente Zapatero en Zaragoza esta semana, les costará encontrar una solución a ambas cuestiones en la reforma laboral o en los Presupuestos para 2011. Abaratar el coste del despido y reducir el déficit público de manera drástica, pueden ser condiciones necesarias para volver a crear empleo en nuestra economía pero, en ningún caso, son suficientes.
El paro juvenil duplica la tasa media de desempleo español que, a su vez, dobla la media de la Unión Europea. Y no es la primera vez que algo así ocurre. Al menos desde 1988, cuando se desencadenó la primera gran huelga general del 14-D, todos los Gobiernos han buscado respuestas abaratando la contratación de los jóvenes en el marco de una legislación propia. Aquella movilización hizo fracasar el Plan de Empleo específico, dejando abierta como vía habitual de contratación juvenil, la temporal. Desde entonces, la dualización del mercado laboral ha sido una constante en nuestro modelo económico. Tanta protección para unos trabajadores indefinidos solo se puede compatibilizar con alta creación de empleo, en períodos de intenso crecimiento económico y grandes beneficios empresariales, en un modelo laboral que utiliza como variable de ajuste la contratación precaria de otros. Así, las dos partes del mercado laboral se alimentan mutuamente, dado el nivel de iniciativa y fortaleza empresarial que tenemos.
Por ello, abordar sólo una parte de la ecuación, no reducirá, de manera efectiva, el paro y la precariedad juvenil. No reformarlo de manera integral, solo significa empeorar las condiciones laborales de unos trabajadores, sin que mejoren las de otros, inclinando con ello la balanza de la capacidad negociadora hacia la primera parte contratante, es decir, los empresarios. Por tanto, con la reforma laboral a medio cocer que ha impulsado el Gobierno, uno entiende la oposición sindical y la insatisfacción general entre expertos.
Sobre todo, cuando sabemos, que sean cuales sean las condiciones legales del mercado laboral, el empleo solo se crea mediante la reactivación económica y se protege mediante una mayor flexibilidad en las situaciones contractuales, ante una coyuntura ampliamente fluctuante. Y si lo segundo se ha dejado para más adelante tras conceder tiempo a los interlocutores sociales para que encuentren un camino practicable mediante reformas pactadas en la negociación colectiva, lo primero ha quedado sacrificado ante el altar de la reducción brusca del déficit exigida, al parecer, por los mercados financieros internacionales y nuestros socios del euro, a un ritmo y una intensidad superior, incluso, a lo propuesto en el G-20. Esto los sindicatos lo llaman, el giro, o el cambio de carril, del Gobierno hacia políticas de recorte del gasto social con impacto negativo, además, sobre la recuperación.
La combinación de una reforma laboral que disminuye la protección a unos trabajadores a cambio de poco, junto a una política económica restrictiva que ha llevado al Gobierno a elevar su previsión de paro para el año próximo, mientras adelanta recortes en las pensiones futuras como consecuencia de una manera actuarial de ajustar solo los gastos del sistema de seguridad social, explicaría las críticas sindicales al Gobierno. Pero no la huelga general.
Pasar desde la crítica hasta la huelga general, exige acumular mucho enfado, sobre todo, cuando tampoco se quiere favorecer la alternancia de partido político en el Gobierno. Enfado que refleja, más allá de sentimientos personales heridos, dos hechos: el Gobierno dirigió mal el proceso de diálogo social durante los muchos meses previos y, en segundo lugar, que sigue pendiente una explicación convincente del cambio habido en la política económica del Gobierno, desde una crisis que no existía, hasta el brusco recorte social, pasando por los Pactos de Zurbano o las 183 medidas aprobadas.
La huelga general introduce un conflicto social donde predominaba, en exclusiva, una confrontación partidista y ello hace cambiar el paso a algunos. De esa mayoría de trabajadores que no han seguido la huelga, no todos apoyan al Gobierno o comparten las tesis antisindicales, estilo Tea Party, que hemos oído estos días. Estos sindicatos son manifiestamente mejorables, sobre todo, en su capacidad propositiva y de defensa de los más débiles. Pero no creo que una sociedad sin sindicatos fuertes, fuera más justa, equitativa y desarrollada que esta. Todos los buenos empresarios que conozco, creen en la Responsabilidad Social Corporativa y en la necesidad de tener sindicatos serios con los que negociar la marcha de su empresa. Porque vivimos en sociedades donde existen intereses sociales, además de pasiones e ideologías, intereses que a veces confrontan y, a veces, lo hacen de manera virulenta. Sin necesidad de recurrir a la anticuada lucha de clases, unos empresarios que necesitan despedir preventivamente a trabajadores para mantener sus beneficios y unos trabajadores cuyo único beneficio es que no los despidan, tienen intereses confrontados que, según la coyuntura, pueden chocar de una manera o de otra.
El papel, entonces, del gobierno, es fundamental porque gestionar una crisis como esta no es una cuestión técnica, sino que refleja convicciones en la medida en que establece como se reparte el coste de la misma entre grupos sociales. Apuntalar a los bancos con dinero público que se escatima para la inversión en infraestructuras o en pensiones, puede ser inevitable o, incluso, necesario. Pero tiene consecuencias negativas sobre la cohesión social porque muchos no entienden que una tasa sobre beneficios financieros sea algo perjudicial, mientras que rebajar sus propios salarios sea imprescindible y positivo.
Tal vez los sindicatos hayan contribuido, también, a dañar nuestra imagen internacional. Pero los rumores, difundidos desde España, con dudas sobre nuestra solvencia como país, que dieron lugar en meses pasados a costosos ataques por parte de unos mercados financieros intoxicados, son mucho peor, porque mentir para dañar, no es un derecho constitucional como la huelga. Tengo la impresión de que muchas cosas no serán igual, después del 29-S. Aprovechémoslo, rectificando todos un poco, para corregir esta trayectoria de confrontación generalizada en la que andamos. Las cosas, pueden hacerse de otra manera.
09.10.2010 a las 12:02 Enlace Permanente
¿Porqué nos empecinamos en tratar igual (sistema jurídico social) a las grandes corporaciones, empresas, y holdings; junto con los pequeños comercios, talleres, fábricas, almacenes de transformación, pequeñas empresas manufactureras, y despachos y oficinas?
Son realidades bien diferentes, que por desgracia se ven obligadas a competir con las condiciones que las grandes exigen.
La mayor parte del empleo se encuadra en esas llamadas pequeñas y medianas empresas. Esas que sobreviven, nacen y mueren sin grandes impactos individuales en los noticieros y estadísticas nacionales, pero que carcomen los cimientos de una sociedad sencilla, honrada y trabajadora, que funciona si el resto también lo hace, y que aguanta hasta el límite a sus empleados porque ellos y ellas son quienes conforman su proyecto empresarial y sus relaciones con su entorno.
Los ERE’s (expedientes de regulación de empleo) que han seguido las grandes corporaciones financieras, son herramientas en manos de personal altamente cualificado, a las órdenes del ‘dividendo’, que sacrifican lo que sea para salvar los intereses de una masa a veces desconocida e impersonal de potentes inversores. Estos inversores forman normalmente una masa endogámica en todos los sectores predominantes y directores de la política económica y de las políticas de precios.
Quitémonos la venda de los ojos de la llamada ‘libre competencia’ y desenmascaremos a la connivencia de las grandes fortunas, las grandes empresas, y las grandes corporaciones, para marcar el paso de sus pequeños proveedores, sus políticas extorsionadoras a las Pymes, y la asfixia a que someten a través de sus corporaciones financieras, a los honestos y sacrificados empresarios y trabajadores que luchan por un crédito, por cobrar unas letras, por esperar en la desesperanza que transcurran los todavía exagerados plazos de cobro de efectos comerciales a que les someten los grandes, bajo el silencio y la inoperancia de los controladores públicos.
En cuanto a la lucha o defensa de las prestaciones públicas, (desempleo, jubilación, etc…), no sean hipócritas, y aplíquese una política en la que se responsabilice a todos los componentes de la masa productiva de su aportación solidaria y progresiva a los recursos públicos que refuercen el futuro de estas prestaciones.
Si cotizo por 30 y recibo por 10, algo falla. Si tributo para tener buenos servicios públicos, pero estos se derivan a privatizaciones sistemáticas en las que se regala lo rentable, a inversores privados, asumiendo desde lo público todo lo deficitario, algo falla. Si desde la Administración se hace dejadez de la aplicación de sus funciones y obligaciones, permitiendo toda una corruptela de sobrecostes en sus inversiones, comisiones y pagos de favores a bolsillos opacos, algo falla.
Corrompe quien puede, no quien quiere. Se corrompe quien puede, y quiere.
¿De verdad van a responder con sus dineros y bienes quienes realicen gestiones catastróficas de los bienes de los demás? ¿Responde el consejo de administración de su mala gestión? ¿Responde la corporación y equipo de gobierno, de su nefasto control y gestión de los recursos públicos que los ciudadanos han puesto en sus manos? ¿Responde el padre de familia de sus deudas y correrías?.
El perjudicado siempre viene a ser el mismo, y este mismo, raramente coincide con quien generó este caos financiero, este desorden en la paz y tranquilidad de millones de familias.
A Dios, lo que es de Dios, y al César, lo que es del César; pero sea uno u otro, que se aplique justicia, y que cual Salomón, corte por donde deba de cortar, y caiga quien debe de caer.
Buenos días, y un Bon dia festiu. Bon 9 d’Octubre!
Enric Doménech