26Feb
2014
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Pero, ¿No lo había resuelto la Ministra? (Publicado en Mercados de El Mundo el 26 de enero 2014)
Escrito a las 4:10 pm
A diferencia del personaje de Moliere que hablaba en prosa sin
saberlo, nuestros gobernantes saben de la globalización pero da la
impresión de que se la creen poco ya que siguen actuando aferrados a
viejos esquemas, a los enfoques tradicionales, a tics preglobalización. Esta
misma semana, hemos conocido que el Vicepresidente de la Comisión
Europea iba a intervenir en el grave conflicto económico desatado entre la
Autoridad panameña contratante de la ampliación del canal y el consorcio
adjudicatario de la obra, liderado por Sacyr, pero hispano-italiano-belga. Y,
al leer la noticia, pensé: ¿pero este tema no había quedado resuelto con el
viaje a Panamá de la Ministra Pastor los primeros días de 2014? Repaso las
hemerotecas y me encuentro con los siguientes titulares: “El Gobierno envía
a Pastor para arreglar el problema” y dos días después, tras entrevistarse
con el Presidente panameño, “Panamá y España alcanzan un acuerdo sobre
las obras del Canal”. Pues bien, nos enteramos ahora que el conflicto no
está, en realidad, resuelto, que las autoridades panameñas no quieren
interlocución política, incluida de la Comisión europea (salvo que, a través
del BEI, ponga el dinero que falta, ampliando el crédito que ya le concedió
al gobierno panameño para financiar la obra), que se debe seguir el
procedimiento de arbitraje internacional previsto en el contrato y que es la
compañía aseguradora (suiza) que debe indemnizar si sale mal, quien está
intermediando y ofreciendo soluciones útiles para la búsqueda de un
acuerdo que, todavía, se vislumbra lejano.
Algo similar ha ocurrido con la nacionalización expropiatoria de YPF a
Repsol, por parte del gobierno argentino en 2012. El ministro Soria hizo en
marzo un viaje relámpago a Buenos Aires “para intentar frenar la
nacionalización”, salpicó posteriormente la presión política con amenazas
nada veladas hacia el gobierno argentino, desapareció después de que se
materializara la nacionalización en abril (al parecer las amenazas
impresionaron poco) para reaparecer hace pocos días forzando un
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justiprecio de compensación a Repsol en títulos de deuda del tesoro
argentino que, por lo que se ha publicado, costó mucho que fuera aceptado
por el Consejo de Administración de la empresa y acabó haciéndolo, según
la prensa, “para no dejar mal al ministro”. Parece, dentro de la poca
trasparencia de este tipo de asuntos, que la empresa mexicana Pemex,
interesada en quedarse con una explotación de YPF sin que ello enfadara a
Repsol, presionó, también, para que se llegar a este acuerdo. Cuando
comenzó este conflicto, Soria hizo unas declaraciones que son el paradigma
de lo que quiero analizar. Dijo: “el Gobierno español defiende a todas las
empresas españolas, dentro y fuera del país, y cualquier gesto de hostilidad
hacia ellas lo es hacia el Gobierno y hacia la propia España”. ¿Es cierta esta
frase hoy en día, o estamos intentando resolver problemas nuevos con
respuestas anticuadas?
Quede claro que no estoy criticando la actuación concreta de estos
ministros, ni la de este Gobierno. Yo, en su lugar, seguramente hubiera
hecho lo mismo, aunque pensara que es inútil. Utilizo estos ejemplos
recientes para ilustrar la tesis de que las actuaciones de los Gobiernos
nacionales en los nuevos conflictos económicos internacionales que afectan
a empresas transnacionales, así como la manera de priorizar la política
económica interna, se han quedado desfasados, obsoletos, en el nuevo
mundo de la globalización. Que se reacciona mirando por el retrovisor. Que
responden a una imagen periclitada de la economía mundial donde empresa
y nación confundían sus intereses, o donde había potencias
gubernamentales hegemónicas capaces de imponer sus intereses nacionales
sobre los intereses de otros países. Se trata, claramente, de conflictos
privados en el mundo de la globalización, que se ha intentado gestionar
desde la política con los métodos antiguos de cuando las empresas eran
nacionales y las relaciones diplomáticas entre estados tenían fuerza de ley.
Pasar de una empresa centrada en un único país, a una empresa
transnacional que capta accionistas, factura y produce en muchos países,
incluso que obtiene más beneficios fuera que en el país de origen, como le
ha ocurrido a muchas empresas españolas, implica una revolución profunda
en la gestión de la misma. Por centrar la idea: si el actual presidente de
Telefónica quisiera seguir dirigiendo la empresa con los mismos métodos y
procedimientos con que se hacía en la época del monopolio, duraría muy
poco tiempo en su puesto porque el solo hecho de pasar de empresa
nacional a multinacional obliga a que los recursos humanos, financieros y
tecnológicos se tengan que gestionar de otra manera muy distinta. Lo
mismo vale para bancos, empresas energéticas, constructoras, hoteles… La
globalización ha forzado a las empresas a experimentar profundos cambios
en su manera de trabajar, organizar los recursos, actuar y dirigir. Es más,
aquellas empresas que obtienen beneficios de la globalización en que
participan es, precisamente, porque han sabido introducir los cambios
internos necesarios para adaptarse a las exigencias de una nueva realidad.
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Mi tesis es que debería producirse, como consecuencia de la
globalización, un cambio similar en las maneras de gestionar lo público y
en el marco de relaciones entre las nuevas empresas transnacionales y el
gobierno del estado nación. En un mundo donde las empresas organizan su
cadena de valor a nivel mundial y tienen intereses transnacionales, hay que
redefinir qué entendemos por empresas “nacionales” y si con empresas de
un tamaño superior al de muchos países, es el Estado el mejor instrumento
de defensa de los intereses empresariales en conflictos económico-políticos
en otras zonas del mundo. Mientras las empresas aún no han desarrollado
su diplomacia económica privada, los Estados se aferran a prácticas
obsoletas, en el mejor de los casos, poco útiles. Y, así, existe hoy un solape
cargado de disfunciones entre un mundo económico globalizado que vive en
el siglo XXI y un mundo político-gubernamental decimonónico. Sin esta
reflexión, que trasciende las tradicionales críticas al funcionamiento de
nuestras embajadas, la actuación de los Gobiernos, en estos asuntos, se
percibirá como abrir la boca bajo el mar para cantar, sin ser un delfín.
