La reforma local, es otra cosa. (Publicado en Mercados de El Mundo)

Escrito a las 5:11 pm

Debimos hacer la reforma de ayuntamientos y diputaciones en 2007, aprobando el Anteproyecto de Ley que preparó el departamento ministerial que dirigía yo entonces, tras casi dos años de consultas y debates públicos (incluida, por primera vez, la red) entorno a un Libro Blanco que presenté en junio de 2005. Pero los máximos dirigentes del PP me dijeron que no y el Gobierno no quiso enviar al Parlamento una Ley como esa sin el consenso con el primer partido de la oposición, que gobernaba el cuarenta por ciento de ayuntamientos y diputaciones del país. Hoy, visto lo visto, creo que en un asunto de máxima importancia institucional, como este, hemos perdido seis años, de momento, por el juego corto de intereses partidistas.

                Tres vectores condicionaron la redacción del Anteproyecto de Ley: la necesidad de que los poderes locales, cuya autonomía está recogida en la Constitución, no se vieran aplastados por las Comunidades Autónomas en pleno proceso de reformas estatutarias expansivas; la conveniencia de actualizar la Ley de Bases de 1985 para incorporar las modificaciones experimentadas en la legislación y en la realidad social; la sensibilización frente a los asuntos de corrupción vinculada al urbanismo local, que me había llevado a promover, en abril de 2006, la primera y única disolución de un ayuntamiento en democracia, el de Marbella.

                El articulado del Anteproyecto de Ley que refundaba las bases del régimen local en España, desarrollaba unos cuantos principios esenciales: conseguir ayuntamientos más eficaces y mejor gestionados a través del reconocimiento, por vez primera, de una serie de competencias que les son propias lo que, junto al principio de suficiencia financiera incondicionada, es decir, no se reconocen competencias sin la correspondiente financiación, constituía una especie de “estatuto de autonomía local” ya que, por primera vez en la historia de nuestro país, una ley establecía cuales eran los servicios obligatorios que los ayuntamientos tenían que prestar a sus ciudadanos. Ayuntamientos más transparentes y con mejor calidad democrática, incluyendo la obligación de llevar al Pleno no solo los Planes Urbanísticos sino cualquier modificación posterior de los mismos. Un gobierno local más ágil y operativo, reforzando las capacidades del gobierno para gobernar, pero también, las de control efectivo por parte de la oposición. Ayuntamientos más participativos mediante el estatuto del vecino que fijaba sus derechos y deberes respecto al municipio. Intensificar las incompatibilidades entre actividades públicas y privadas para evitar solapamientos inconvenientes, aplicar la Carta Europea de Autonomía Local etc.

                Respecto a la relación entre ayuntamientos y diputaciones provinciales en el marco de un Estado Autonómico, se apostaba por la eficacia y el pragmatismo mediante el fomento de la cooperación intermunicipal de forma que aquellas competencias que los ayuntamientos no pudieran desempeñar, por su dimensión o por la naturaleza de la materia, se quedasen en el ámbito de lo local, en la provincia, mediante diferentes fórmulas organizativas, una de las cuales, podían ser las Diputaciones que pasaban a ser órganos de gestión al servicio del poder local en lugar, como ocurre a menudo hoy, de contrapoderes políticos de las Autonomías. Al final, cuando quedó claro que el Gobierno no enviaría la Ley al Parlamento, aquellos aspectos relativos a la ética y la transparencia en la acción pública local se incluyeron en la Ley del Suelo o en el nuevo Pacto Antitransfuguismo que se aprobó por unanimidad de los partidos participantes.

                Aunque los problemas estructurales de fondo siguen siendo los mismos que hace seis años, el contexto actual es muy diferente al de entonces. Por eso me sorprende que la reforma local sea, para el Gobierno, una de las piezas prioritarias del amplio catálogo de reformas pendientes que tiene España ya que ni por volumen agregado de déficit, ni deuda, son los ayuntamientos un obstáculo para que podamos cumplir los objetivos de déficit, altar al que hemos sacrificado el crecimiento, el empleo y el bienestar colectivo, ni subsisten los problemas planteados por una urbanismo local desbocado e irreflexivo, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Me sorprende, también, que se haya querido utilizar a los ayuntamientos para llevar a cabo una operación ejemplarizante de austeridad pública que no se ha hecho en otros niveles administrativos, al anunciarse reducciones en el número de concejales o limitaciones en los sueldos de los alcaldes, cuando ni es ahí donde están los problemas importantes del país, ni los problemas de los poderes locales, a la vez que no se ha sido capaz de abordar la necesaria reducción en el número total de ayuntamientos, mediante estímulos a la fusión y a la cooperación. Me sorprende que buena parte de la reforma anunciada pivote sobre el reforzamiento de las Diputaciones que asumirán competencias que los ayuntamientos pequeños no puedan desempeñar adecuadamente y, a la vez, no quede claro ni cómo, ni quien, ni cuando se definen estos parámetros de transferencia competencial que, en todo caso, “se desarrollarán” más adelante, es decir, se posponen en la práctica. Me sorprende que la ley pueda ser enviada al Parlamento sin apoyo del primer partido de la oposición pero, al parecer, tampoco de la FEMP, ni de numerosos alcaldes del partido en el Gobierno. Y, me sorprende, por último, que la ley pueda ser aprobada sin incluir profundas modificaciones a la Ley de Haciendas Locales para incluir, por ejemplo, la participación de los ayuntamientos en los Ingresos de las Comunidades Autónomas como ya tienen en los ingresos del Estado Central.

                De la misma manera que se sustituye reformas estructurales del gasto público, por recortes improvisados o que se aplica la táctica del avestruz ante asuntos relativos al evidente deterioro de la confianza ciudadana en sus representantes políticos, me temo que de una reforma clara, articulada y coherente de los poderes locales en España, nos quedemos con el titular, el chascarrillo y la confrontación, desaprovechando, una vez más, la posibilidad de llevar a cabo una profunda y necesaria reforma de aquel nivel político y administrativo que, por más cercano a los ciudadanos, podría ser el principio de la regeneración democrática que nuestro país necesita.

Un comentario

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Paco Santana
11.02.2013 a las 21:19 Enlace Permanente

Excelente artículo. Comparto las mismas dudas que usted expresa a lo que añado un temor, el que el mundo rural retroceda varias décadas y se vea abocado al abandono, dado el tratamiento que el borrador de la Ley da a los pequeños municipios, haciendo prácticamente imposible, además, que cooperen entre ellos para buscar soluciones conjuntas a sus nevesidades, que no son otras que la de sus ciudadanos.

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