Cuestión de costes. (Publicado en Mercados de El Mundo).

Escrito a las 9:05 am

Nuestros gastos generales, como país, son demasiado elevados. Cuesta mucho abrir España S.A todas las mañanas y mantenerla en funcionamiento hasta que se bajan las persianas, cada vez más tarde, donde no están abiertas las 24 horas del día. La electricidad es muy cara, es muy caro contratar trabajadores legalmente,nos cuesta mucho mantener a una administración capaz de producir tantas leyes y reglamentos al año, o los costes medioambientales de nuestra actividad son demasiado elevados.

No sólo nuestros costes generales de funcionamiento son muy elevados sino que, además, están distribuidos de una manera poco eficiente. Tal vez por todo ello aparecemos mal posicionados en los rankings de productividad/competitividad mundiales. Porque hay otros muchos países cuyos costes de funcionamiento son más bajos y, por eso, en conjunto, resultan más competitivos.

Así parece deducirse, por ejemplo, del análisis del Global Competitiveness Index que elabora anualmente el World Economic Forum: España ocupa el puesto 35 sobre un total de 134 países estudiados.

La importancia de esa reflexión radica en su conexión con los tremendos sacrificios realizados durante estos años de crisis para proceder a una “devaluación interna” que se ha centrado sobre los costes salariales cuando una visión más amplia del problema nos debería haber llevado a recortar y reordenar antes otros costes que no afectaban a los bolsillos de los trabajadores sino que repartían los sacrificios de manera más equitativa. Hemos ido a lo más fácil a la hora del ajuste de costes, pero que ha resultado lo más injusto socialmente y lo menos eficiente.

Veámoslo con un poco más de detalle. Según un reciente estudio, España es el país de la UE en el que más ha aumentado el precio medio de la electricidad: casi el doble que la media de la UE. Como consecuencia, el precio de la electricidad en España es el cuarto más elevado de Europa. Es verdad que el informe se centra en los hogares y no en la industria, pero sirva como aproximación también a este.

Por su parte, los costes laborales no salariales (cotizaciones sociales) y, en especial, la parte de los mismos que recaen en el empresario, se sitúan en España,también por encima de otros países europeos con los que competimos, aunque los costes salariales han caído de manera apreciable durante la crisis.

Las empresas españolas se sitúan en el sexto lugar mundial por costes laborales por trabajador, siendo el elemento diferencial no tanto los salarios, sino los costes no salariales (cotizaciones) que se sitúan, según Eurostat, tres puntos por encima de la media de la UE y hasta ocho puntos más si lo comparamos con la media de países de la OCDE y que han resultado insensibles a la crisis.

Si miramos los costes administrativos podemos destacar dos indicadores. Por una parte, lo que sería la eficiencia gubernamental categoría en la que el WEF nos sitúa en el lugar 105 sobre 134 países y, por otra, de manera más directa las cargas administrativas sobre las empresas.

Respecto a estas últimas, sobre las que la Comisión europea lanzó una iniciativa para su reducción, todos los estudios realizados y recogidos en un documento del Banco de España sitúan dichos costes en el entorno del 6% del PIB, el mayor de todos los países examinados, excepto Portugal.

Resulta más difícil cuantificar los costes medioambientales de un modelo de crecimiento basado en deteriorar buena parte de nuestro litoral o de mantener una elevada intensidad de consumo energético, altamente contaminante en CO2 hasta el punto de que solo la crisis ha permitido acercar nuestras emisiones a los compromisos adquiridos.

Pero, en todo caso, nuestro modelo económico ha conllevado un coste medioambiental, más o menos difuso, superior al de países de nuestro entorno.

Además de unos costes generales muy elevados, la manera en que distribuimos su pago por parte de los ciudadanos entre precios e impuestos, genera muchas distorsiones que afectan de forma negativa a la competitividad del país.

Así, por ejemplo, casi un 46% de lo que pagamos como precio en la tarifa eléctrica es cuña gubernamental que, en parte, se debería financiar a través de los presupuestos generales, de la misma forma que el gobierno ha planteado financiar con impuestos una parte de las pensiones contributivas actualmente costeadas por las cotizaciones sociales.

Si pudiéramos efectuar ese traslado de coste, eléctrico y laboral, desde precios hacia los presupuestos nuestra competitividad internacional experimentaría una formidable inyección positiva que podría incrementarse por un plan serio y continuado de reducción de cargas administrativas. Las mejoras que podríamos obtener en productividad, crecimiento y empleo con estas tres medidas de devaluación interna son difíciles de cuantificar, pero fáciles de imaginar.

Ello tendría dos implicaciones adicionales: se generaría hueco para mejorar algo las retribuciones salariales de tal manera que los beneficios de las medidas se distribuyeran a todos los agentes económicos implicados pero, dos, añadiríamos tensión sobre nuestros presupuestos que tendrían que hacerse cargo de unos pagos que hoy se financian de otra manera más ineficiente.

Las nuevas facturas añadidas, así, al gasto presupuestario podrían exigir aplicar medidas para incrementar los ingresos públicos situados hoy en España cuatro puntos de PIB por debajo de la media de los países del euro.

Habría pues, tal vez, que incrementar la presión fiscal global pero con la operación en su conjunto mejoraríamos la equidad social en España ya que la financiación de estos costes dejaría de hacerlo los usuarios a través de precios más caros, para que pasaran a financiarlo los contribuyentes con criterio de progresividad.

La resistencia de estos últimos a ver incrementados sus impuestos la estamos pagando muy cara todos los ciudadanos en forma de las mejoras a las que renunciamos por no cambiar el actual e ineficiente sistema de reparto de estos costes tan elevados.

Rebajar costes generales y repartirlos de otra manera sería una de las verdaderas reformas estructurales que el país necesita para mejorar nuestro desempeño económico y nuestra renta per cápita, situada muy hoy por debajo de la media de la Eurozona. Ese es el verdadero reto de futuro.

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