Comunidades, ¿Autónomas o Descontroladas?. (Publicado en Mercados de El Mundo)

La reciente visita del President Mas a la Moncloa, se saldó con más ruido que nueces. Pero fue tanto el ruido y tan notable la furia cosechada por las declaraciones del nuevo inquilino de la Generalitat en las que daba a entender un trato de favor a Cataluña en el asunto del endeudamiento público, que dos días después la Vicepresidenta Económica del Gobierno se vio obligada a enviar una carta a todos los Presidentes Autonómicos que empezaba diciendo: “Ante las noticias aparecidas en diversos medios relativas a las autorizaciones de endeudamiento a largo plazo de las CC.AA, quiero trasladarte algunas consideraciones que, en esencia, se resumen en que el marco que rige estas autorizaciones no ha cambiado ni va a cambiar lo más mínimo”.

            Tenemos la sensibilidad a flor de piel respecto al ordenamiento territorial derivado de nuestra Constitución sobre el que manifestamos, en momentos de crisis, opiniones que no tienen en cuenta que la jacobina Francia creció el año pasado un 1,5%, frente al 4,0% de la federal Alemania. Tampoco el contexto exterior ayuda. La supuesta opacidad de nuestras cuentas públicas autonómicas, unida al no menos supuesto descontrol de las mismas, incrementa el riesgo-país percibido, obligando al Gobierno Central a extremar su prudencia y su rigor a la hora de trasladar una capacidad de control de la situación, en la que no cabe traspiés como el catalán por mucho que se justifique en un cambio de Gobierno que intenta agrandar la hipoteca recibida de su antecesor. Las alarmas saltan entonces y, como suele ocurrir en estas situaciones, el escenario se llena de bomberos que corren en todas direcciones en busca de rescoldos sobre los que echar gasolina para convertirlos en fuertes llamas que justifiquen su función.
¿Son las cuentas autonómicas el próximo agujero negro del país? ¿Tan escasa capacidad de control sobre las mismas tiene el Gobierno central? Nuestras Comunidades, ¿son autónomas o presupuestariamente descontroladas? Veámoslo, con un poco de calma.
Los gobiernos autonómicos también han sufrido en sus cuentas públicas los efectos de la profunda crisis económica. Pero aderezado por una peculiaridad del sistema de financiación del régimen común: dicho impacto se retrasa, al basarse en el cobro anual de anticipos que se liquidan definitivamente casi dos años después. Este desfase explica que las CC.AA tengan que hacer el grueso de su esfuerzo de ajuste presupuestario este año, 2011, en que entra en vigor el nuevo modelo pactado, menos el Fondo de Competitividad que el gobierno ha decidido implantar al final del quinquenio.
 De acuerdo con los escenarios acordados, el conjunto de las CC.AA tendrán que reducir su déficit un 46% entre 2011 y el resultado teórico de 2010, mientras que el Gobierno Central reducirá el suyo un 30%, después de haber hecho un esfuerzo grande en 2010. Mucho mayor tendrán que hacerlo, aquellas Comunidades que el año pasado se han desviado de los límites fijados y que tienen que mantener lo comprometido para este año.
Los objetivos son establecidos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, las desviaciones, cuando las hay, no pueden conocerse si no es por declaración de parte, como pasó en la Unión Europea con Grecia y el gran instrumento de control en manos del Gobierno Central es, precisamente, la autorización preceptiva para endeudarse a largo plazo. Por tanto, con los mismos problemas europeos de ausencia de mecanismos de supervisión “federal” de las cuentas, nuestro sistema tiene dos controles: la aceptación previa de los compromisos y la capacidad del Gobierno Central para negar autorización de endeudamiento por encima de lo acordado sin haber sido aprobado un Plan de Reequilibrio Financiero, en caso de desviación.
Algunos proponen establecer en las Comunidades Autonómicas techos de gasto como mecanismo (¿adicional?) de control. Aunque el propio Presupuesto es ya un compromiso máximo de gasto, cuya dureza se puede incrementar modificando la Ley Presupuestaria sin recurrir a nada más, aquellas Comunidades que crean en la bondad de un techo de gasto pueden aplicarlo ya, sin necesidad de norma estatal. Sin embargo, desde el punto de vista del Gobierno Central, me parece más respetuoso, competencialmente, controlar el resultado presupuestario de las Comunidades en forma de déficit y deuda, que la parte del gasto.
En la medida en que su sistema de financiación se fundamenta ahora en la participación en impuestos estatales, las Comunidades han experimentado, también, una importante caída de ingresos. Sin embargo, la naturaleza de sus gastos, centrados en sanidad, educación y políticas sociales, presenta mayores dificultades para contraerse a corto plazo. Y ahí, en la gestión del gasto durante la crisis económica y en las políticas de reducción del déficit público es donde pueden surgir diferencias entre unas y otras basadas en la autonomía de la que gozan.
Por ejemplo, Castilla la Mancha ha justificado su desviación durante 2010, a pesar de haber recortado sus gastos en un 5%, en una caída de ingresos superior y en la decisión de  mantener, durante la crisis, un gasto por habitante superior a la media de las Comunidades Autónomas en capítulos como sanidad, educación, servicios sociales  y fomento del empleo. Por su parte, en el Plan de Consolidación para 2011, ha empezado a publicar mensualmente sus cuentas presupuestarias cuando el compromiso es hacerlo trimestralmente y se recogen un conjunto de medidas destinadas a producir ahorros adicionales en el gasto (lucha contra el absentismo laboral, cerrar edificios oficiales a las 17h, reordenar su sector público o reducir las transferencias a la televisión autonómica), junto a subida de impuestos como los medioambientales o la creación de uno nuevo sobre depósitos bancarios.
Medidas estas, como las adoptadas por Murcia  o las anunciadas por Cataluña, dirigidas a cumplir los compromisos de reducción del déficit en línea con lo pactado con el Gobierno Central, que tiene el grifo del endeudamiento ya que nuestras Comunidades no están “descontroladas”. Pero lo suficientemente distintas entre sí, dentro del amplio abanico competencial que tienen a su disposición, como para reafirmar que son “autónomas” y que, por tanto, existen distintas opciones de ajuste, hacia el objetivo común.