Si en economía no hay comidas gratis, preguntarse ¿quién paga esto?, equivale a la clásica pregunta de ¿Quién se beneficia con este asesinato? realizada por todos los detectives aficionados, en las novelas tradicionales de misterio. El debate actual sobre los necesarios planes de ajuste para fortalecer el euro, forma parte de aquel otro sobre quién paga qué cosas en la sociedad actual. La propuesta de Merkel para que los bancos, como acreedores privados corresponsables del proceso previo de sobre endeudamiento de algunos Estados como el griego, participaran en la solución del problema mediante una quita, es una decisión que reparte el coste del problema de forma distinta a si solo pagan los deudores.
Como el reparto de sacrificios públicos entre empresarios, trabajadores en activo y trabajadores parados o jubilados, depende de las decisiones políticas que se adopten sobre impuestos, pensiones (congelarlas), subsidios de desempleo (suprimirlos) y leyes laborales (parados).
Determinar el mecanismo mediante el cuál se calcula el coste de producción y el precio de venta de los bienes y servicios ofrecidos, es una de las tareas principales del análisis económico. Mas allá de una imposible planificación centralizada y de un libre mercado que solo existe en los libros de texto, la realidad no se deja organizar en esquemas simples. Así, existen bienes privados, como la energía eléctrica, ofrecidos por empresas privadas, pero cuyo precio final acumula decisiones políticas como la existencia de primas a la producción de ciertas energías que obliga a regularlos con criterios públicos. Por contra, hay servicios públicos, como el transporte aéreo, ofertado por empresas privadas y cuyo precio al usuario es privado.
Todas estas decisiones tienen importantes consecuencias sociales al determinar quienes pueden ofertarlos, quienes consumirlos y, sobre todo, quienes pagarlos. Y esta decisión no siempre se adopta con criterios basados en el carácter más o menos básico o esencial del bien o servicio de que se trate. Por ejemplo, dejamos que alimentos como la leche o el arroz, considerados esenciales, tengan sus precios fijados por empresas privadas, mientras que el transporte de viajeros en AVE tiene subvencionado, de hecho, su precio al consumidor mediante la ficción de que el operador que presta el servicio no debe pagar por el elevado coste de las inversiones públicas financiadas mediante impuestos generales.
O el billete que pagan los usuarios del metro en las grandes ciudades se encuentra subvencionado mediante transferencias directas de los Presupuestos Generales, mientras que las subvenciones al carbón nacional las financian solo los consumidores de electricidad a través del precio público fijado (tarifa). Es decir, que hay productos privados que se subvencionan mediante impuestos que pagan todos o mediante tarifas públicas que pagan solo los usuarios y otros que no se subvencionan, a la vez que hay servicios públicos casi financiados directamente por los usuarios mediante los precios y otros que se financian por impuestos generales.
Detrás de cada una de estas decisiones, no siempre transparentes, ni coherentes, subyace un determinado reparto histórico del coste de las cosas entre distintos sectores sociales. Reparto de costes con criterios no técnicos (científicos), sino políticos (pugna de intereses) y que es, precisamente, lo que se pretende alterar mediante los sucesivos planes de ajuste para adaptarnos a la actual crisis de deuda. Así, cuando se modifica la prestación sanitaria pública para reducir gastos, bien sea mediante recortes en la cartera de servicios, largas listas de espera o la introducción de una nueva tasa por uso del servicio (copago), se traspasa coste desde los contribuyentes (impuestos), hacia los usuarios, a los que se les puede hacer pagar más en función de su nivel de renta, o no. Y cada una de estas decisiones, reparte el coste de manera que beneficia o perjudica a sectores sociales diferentes.
Cuando las tarifas de los autobuses urbanos no llegan a cubrir el coste de prestación del servicio aún en su versión más barata que suele ser la concesión privada, se genera un déficit que puede pagar el Ayuntamiento (contribuyentes de ámbito local), la empresa que presta el servicio (pública o no), en forma de endeudamiento o los usuarios bien como subida de precios en los billetes, bien en deterioro en la frecuencia y calidad del servicio. Cada una de las opciones reparte el coste de forma distinta y afecta a sectores sociales diferentes.
Una de las maneras más frecuentes para alterar el quien paga por la prestación de los servicios públicos ha sido, en los últimos años, las bajadas sistemáticas de impuestos directos que no solo han reducido capacidad financiera en las administraciones públicas, sino que han ido aplanando la progresividad del sistema hasta dejarla bajo mínimos. Una cosa es que la sanidad o la educación de todos esté financiada mediante un sistema tributario en el que pagan más los que más tienen, aunque la utilización del servicio se haga en términos iguales, por necesidad, y otra deslizarse hacia un modelo de financiación basado en impuestos indirectos y pago por servicios porque entonces, el acceso depende no tanto de la necesidad percibida, sino de la capacidad de pago del individuo.
Cuando la OCDE señala en un estudio reciente que estamos ante el mayor nivel de desigualdad social de los últimos 30 años, incluso con independencia de la crisis económica, habla de esto: del reparto de la tarta económica en sociedades cada vez más productivas gracias, sobre todo, a la innovación tecnológica. ¿Cómo se reparte entre factores productivos y fuerzas sociales, los beneficios extraordinarios de este mayor potencial de crecimiento? Si la distribución primaria de renta, la que se produce en el mercado laboral, contabiliza cada vez más trabajadores precarios con sueldos bajos o directamente en paro y la tarea redistributiva del Estado mediante la utilización de impuestos y transferencias se ve modificada por la suma de recortes presupuestarios y contrarreformas fiscales que hacen pagar cada vez más por uso y menos por capacidad de pago, el resultado sobre quien paga que, se explica solo. De todo eso va, el debate sobre el euro, la crisis o los recortes. De eso va, la economía política.