2010
No es el tamaño, sino la eficiencia. (Publicado en Mercados de El Mundo)
No siempre abordamos el debate sobre nuestras administraciones públicas desde la perspectiva adecuada. Con demasiada frecuencia repetimos viejos tópicos, caemos en vaguedades y mostramos más enfado que soluciones. Tampoco las instituciones políticas ayudan. Las propuestas partidistas parecen alejadas de una preocupación sincera por mejorar algo que, como correa de transmisión entre ciudadanos y autoridades democráticas, constituye parte esencial de la columna vertebral del país.
Algunas de las críticas que se hacen, presuponen que la mejor administración es la que no existe. Falso. Aquellos países, o aquellos períodos de nuestra historia, en que no hay una administración estable y profesional, sino una de plastilina, son Estados fallidos o autoritarios. Necesitamos un aparato administrativo que garantice nuestros derechos, deberes y libertades individuales. Quien hace cumplir las leyes, pero también quien asegura que se respetan los derechos, es la administración en sus distintas facetas: sanidad, educación, policía, jueces, bomberos, servicios sociales, de empleo, seguridad social, hacienda etc. En ese sentido, la ampliación efectiva del Estado social de derecho solo es disfrutada por los ciudadanos, no tanto por el número de leyes aprobadas, sino por cuántas de ellas aplican las administraciones y por cómo lo hacen. Por ello, dejar fuera de la lucha partidista la reforma de las administraciones es buena cosa (han de ser profesionales capaces de servir a gobiernos de distinto signo), pero excluirla de la máxima prioridad política es un error que acabamos pagando todos con desafección al sistema.
Porque, además, como no se ha cansado de repetir el gran experto Joan Prats, reciente y prematuramente fallecido, el derecho de los ciudadanos a un buen gobierno forma ya parte de una profundización de la democracia que se extiende por todos los países bajo la exigencia a los políticos de que sean capaces de crear y sostener buenas administraciones. En suma, ya que las administraciones públicas son necesarias, consigamos que funcionen lo mejor posible.
Esto conecta con la otra línea de crítica que considero equivocada: su tamaño. Con frecuencia escuchamos que nuestras administraciones son muchas, muy grandes, con demasiados empleados y gastando una parte excesiva del PIB. De ahí surgen las propuestas de recorte: el Parlamento ha propuesto suprimir tres ministerios y Castilla la Mancha reduce a la mitad sus Consejerías, o las sucesivas reestructuraciones a la baja de su diseño, como acaba de hacer, por tercera vez, el Gobierno. “Small is beautiful”, es una vieja consigna, de moda ya solo entre administraciones, en lo que me parece el mayor y más peligroso desenfoque de la cuestión que he visto en muchos años.
En primer lugar, porque siempre he creído que la cuestión del tamaño, en si, es un debate absurdo. Grande o pequeño, medido cómo, en comparación con quien, con relación a qué. El principal problema no es de tamaño, sino de razón de ser. En las administraciones públicas se suele dar por sentado cuales son sus tareas, cuando precisamente eso constituye, hoy, el meollo de la cuestión. Sobre todo, en España donde la Constitución ha deconstruido nuestro sistema institucional pasando de una dictadura a una democracia, de un Estado aislado a miembro de la Unión Europea y de un Estado centralizado con una administración, a otro Estado autonómico organizado, no dividido, en dieciocho administraciones. Y todo ello, además, en medio de una revolución tecnológica que debe cambiar el paradigma de las relaciones con los ciudadanos y elevar los procedimientos administrativos al universo que posibilita la red.
Para el nuevo papel de la Administración General del Estado en un país federalizante como el nuestro, lo peor no es su tamaño, sino que está mal organizada y deficientemente orientada como consecuencia de los muchos restos que todavía subsisten de la vieja AGE centralista. Deberá hacer una profunda transformación que fortalezca más administración central con servicios comunes a costa de tanto ministerio-taifa, cuestionando si la mejor estructura organizativa posible hoy sigue siendo el viejo Ministerio, si sus profesionales tienen los estímulos y cualificaciones adecuadas a sus obligaciones. Sobre esto acabo de dirigir un estudio con propuestas de reforma radical: “La reforma de la AGE” Biblioteca sector publico PwC/IE. Editorial LID.
Junto a ello, las CC.AA no pueden ser mini estados sino partes de un Estado común. Por ello, la coordinación, la cooperación, el trabajo conjunto, los consorcios, deberán impulsarse como prioridad para evitar duplicidades pero, sobre todo, para que cada uno haga mejor su trabajo y desde ahí, podamos hacer, también mejor, el de todos.
En segundo lugar, el tamaño sigue sin ser lo importante porque asumida por cada parte su función y debidamente coordinada con el resto, todas las administraciones deben abordar el asunto de su eficiencia. No tanto si son pocos o muchos, si gastan poco, o mucho, sino si lo gastan bien dentro de estructuras eficientes que aprovechan los avances tecnológicos y organizativos. Necesitamos administraciones que cuiden a sus empleados promoviendo sus carreras profesionales, evaluando su desempeño y definiendo la función directiva como prevé el Estatuto del Empleado Público que se aprobó siendo yo Ministro de la cosa. Administraciones que adecúan su funcionamiento a la Ley de Administración Electrónica que también se aprobó en mi época. Administraciones que separen pura gestión, controlable técnicamente, de las decisión política, desarrollando la Ley de Agencias y, sobre todo, administraciones que se sometan de manera generalizada y sistemática a la evaluación externa y profesional de su gestión y del impacto de sus política públicas para aprender a hacerlo cada vez mejor. La Agencia de Evaluación que creé, podría ser el instrumento adecuado, aunque no sea el único, ya que existen empresas privadas de consultoría que también ofrecen este servicio.
La reflexión política sobre las administraciones, hecha desde su razón de ser y su eficiencia, debería ser una prioridad absoluta en la España de hoy. Las autoridades tienen la obligación de hacerlo mejor, porque los ciudadanos tienen derecho a exigir una buena gestión de lo público. Pero si los criterios para hacerlo provienen solo del tamaño, se agotará en un simple recorte que agravará el problema, sin resolverlo.
12.07.2010 a las 19:23 Enlace Permanente
Vuelve, Ministro.
13.07.2010 a las 10:58 Enlace Permanente
Estamos de acuerdo en líneas generales, pero desde esa ley, en la práctica, se ha avanzado poco.
Por otro lado, creo que se podría dar otro enfoque al tema:
De lo contrario, no es válido, por ejemplo, desde mi puesto de trabajo, para valorar la eficiencia en el gasto, mejorar los servicios y minimizar, sería necesario coordinaciones que de manera voluntaria llevamos a cabo entre diversas personas pertenecientes a servicios distintos que pertenecen a Consellerías también distintas, para poder coordinarse y que el ciudadano consiga un material mejor con un gasto menor para la administración.
Para esto, se requieren de permisos administrativos que en nuestro caso se nos conceden pero fuera de la ley y además este tipo de trabajo no está contemplado por ninguna de las partes.
Creo que también es necesario el enfoque desde abajo, la coordinación desde abajo y desde centros privados y públicos.
Se habla mucho de recortes y los recortes al final solamente se convertirán en menores servicios para los ciudadanos por lo expuesto ya en su escrito.
Es triste decirlo, pero creo que en la situación actual mundial nada importa, estamos cerca de una coyuntura histórica en la cual no cabe el diálogo político, ya que todo está al servicio del capital multinacional.
Esperemos que se cumplan los axiomas del materialismo histórico.