Los Pre-Supuestos 2011 (Publicado en Mercados de El Mundo)

A estas alturas, ya está casi todo dicho sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2011, sobre las debilidades del cuadro macro o sobre los problemas de coordinación con el gasto de las CC.AA. Pero creo necesario señalar algunos supuestos implícitos con que se han elaborado.

                La primera cuestión que se ha dado por supuesta es que, tampoco ahora, será posible alcanzar un gran acuerdo entre PP y PSOE, a pesar de pedirlo la inmensa mayoría de los ciudadanos. Entramos en el cuarto año de la mayor crisis económica de la democracia española, con el más alto volumen de paro que hayamos tenido nunca y con serios problemas de productividad en un mundo globalizado y no somos capaces de alcanzar un consenso entorno a un grupo de medidas imprescindibles para sacar al país adelante, entre quien gobierna y quien aspira a gobernar y lo hace ya en varias Comunidades Autónomas. Escuchando las orientaciones de política económica que ambos partidos presentan, no parece que la distancia sea tanta: reducción del déficit mediante recorte del gasto público y reformas estructurales para mejorar la competitividad de la economía española.

Son otras, por tanto, las razones de un enfrentamiento, más aparente que real, aunque muy lesivo para los intereses nacionales porque la miopía de quienes no saben sacar conclusiones de la gravedad de la situación y siguen haciendo política “as usual”, nos va a costar mucho como país. España entró en esta crisis siendo la octava potencia económica del mundo, somos ya la duodécima, pero con toda seguridad saldremos varios puestos más abajo y lo que es más importante, con nuestras desigualdades sociales internas altamente agravadas. Y, en parte, será por no haber establecido aquellas políticas que solo se pueden implantar desde un acuerdo amplio que reforzaría nuestra credibilidad externa ante los mercados más que un nuevo recorte del gasto.

                La segunda cuestión que se ha dado por supuesta es que recortar de manera drástica el gasto público, es lo mejor que puede hacerse en este momento. Ello genera una contradicción lógica entre el diagnostico que se establece, “el principal problema de la economía española es el desempleo y su reducción es prioritaria”, mientras que en otro lugar se dice que “el reto más urgente que debe afrontar el Gobierno es la reducción del déficit público”. Es decir, o bien al país le preocupa una cosa y al gobierno otra, o bien el Gobierno cree que la mejor manera de crear empleo es a través del mayor recorte del gasto público de nuestra historia reciente.

Esto último es lo que parece pre suponerse a partir de una teoría que solo funciona en los márgenes, es decir, en situaciones extremas de un endeudamiento público desbocado junto a elevados tipos de interés que no se corresponde con la situación actual de España. Por referenciar con un momento del pasado reciente, en los Presupuestos para 1997, los primeros del nuevo Gobierno del PP, la partida prevista en el Capítulo Tres como gastos financieros representaba el 14,5% del total del Gasto Presupuestario y el 4,1% del PIB. Ahora, en los Presupuestos para 2011 y, a pesar de la subida de tipos experimentada tras los ataques de los mercados, el mismo capítulo de gastos financieros representa el 7,6% del total del gasto presupuestario y el 2,5% del PIB. Dicho de otra manera, el coste actual de nuestra deuda pública es la mitad de lo que llegó a ser tras la crisis de los años 90.

No se dan hoy, por tanto,  las condiciones para que un recorte drástico del gasto público pueda tener un efecto expansivo sobre una actividad privada ella misma, además, altamente endeudada. Más bien lo contrario: una reducción tan brusca del gasto público, reducirá la inversión empresarial dada la elevada dependencia de nuestro sector privado respecto al gasto de las administraciones públicas.

La tercera pre-suposición, es considerar austeridad como sinónimo de contractivo. A título ilustrativo, los Presupuestos para 1997, en momentos de crecimiento, también se presentaron como “austeros y disciplinados”. Lo contrario de austeridad es despilfarro y todos aceptamos que los Gobiernos no presentan sus cuentas basadas en el despilfarro, aunque no estaría de sobra que lo pudieran demostrar mediante evaluaciones sobre la eficacia de las políticas públicas aplicadas. Los binomios a comparar son, austeridad/despilfarro por un lado y expansivos/contractivos, por otro, sin que esté excluido que unos presupuestos puedan ser contractivos y despilfarradores, en la medida en que apliquen recortes lineales sobre las partidas del gasto sin discriminar entre las útiles, las menos útiles o las directamente inútiles.

La cuarta cosa que se da por supuesta es que con la simple mención de la palabra “reformas”, ya se producen los efectos taumatúrgicos de las mismas, olvidando dos cosas: que no basta con mencionar la lista de reformas para que estas se hagan realidad y, en segundo lugar, que hacer una mala reforma o una reforma blanda, es peor que no hacer ninguna. Y cuesta reconocer en estos Presupuestos, aquellas reformas que nos van a permitir transitar hacia otro modelo de crecimiento económico confundido, a veces, con un cambio en los pesos relativos entre la demanda interna y la externa, cuando deberíamos estar hablando de algo más parecido a la reconversión industrial de los 80.

Hay otras muchas cosas que se pre- suponen en estos Presupuestos. Por ejemplo, que no es posible conseguir que los ricos paguen impuestos en España: si los ricos no están en el IRPF - cada vez más un impuesto sobre las nóminas -, se les ha quitado el impuesto sobre el patrimonio y reducido el de sucesiones, ¿todo lo que podemos hacer es la positiva reforma aprobada sobre las SICAVS? O, por ejemplo, la tesis absurda de que la distribución de la renta solo se hace por el lado del gasto público cuya estructura porcentual es casi la misma que en los del PP de 1997. Pero por hoy, es suficiente. Veremos que da de si el debate en el Parlamento sobre, la otrora, principal Ley de la democracia.