2009
Plan de Empleo Juvenil, no gracias. (Publicado en Mercados de El Mundo)
Cuando leí a la vicepresidenta segunda decir que el Gobierno estaba pensando en proponer un Plan de Empleo Juvenil para hacer frente a ese 40% de jóvenes que están hoy en paro en España, lo primero que pensé es: por favor, habladlo antes con el vicepresidente tercero. Seguramente, la mitad de la población adulta actual no sabe que el 14 de diciembre de 1988 hubo en España una huelga general que paralizó al país.
Pero, seguramente, la otra mitad de la población no recuerda que el detonante de ese conflicto que significó la ruptura entre la UGT y el Gobierno socialista de Felipe González y cuyas consecuencias, en términos de gasto público y subidas salariales, enmarcaron la crisis de 1992, fue la aprobación por parte del Gobierno de un Plan de Empleo Juvenil, siendo ministro de Trabajo Manolo Chaves. Ya sé que nada es igual y que la historia no se repite. Pero, por si acaso, yo no empezaría una reforma del mercado laboral por ahí.
Desde mi puesto de asesor económico en Moncloa, defendí entonces el plan, porque la peor precariedad laboral es el paro, y en aquellos tiempos teníamos unos 800.000 jóvenes en disposición de trabajar y sin haber tenido todavía ninguna experiencia laboral. Para ellos, el plan preveía unos contratos de inserción de entre seis y 18 meses, bonificado y con salario mínimo, junto a unas horas obligatorias de formación. Se trataba de romper, como en otros países europeos, el círculo de exclusión de un mercado laboral que empezaba a crear empleo, pero que demandaba una experiencia previa imposible de obtener si no se entraba, de alguna manera, en el mundo laboral.
Es cierto que las acusaciones de precarización que se vertieron sobre el plan venían precedidas por la creación, cuatro años antes, de los contratos temporales que, si bien ayudaron a crear empleo, iniciaron una dualización injusta de nuestro mercado laboral en la que seguimos hoy en día. La división entre contratos temporales y contratos indefinidos no es ajena al hecho más característico de nuestra economía: cuando crecemos, creamos empleo con una elevada temporalidad y cuando decrecemos, creamos paro en proporción muy superior a otros países. El 20% de paro de hoy es, en parte, la otra cara de la moneda del 30% de temporalidad de ayer y la sospecha es que la temporalidad y el paro excesivos de unos trabajadores son el precio que hay que pagar por la estabilidad excesiva del resto.
El desempleo juvenil actual apenas si tiene nada que ver con el de entonces. Ahora, el 80% está formado por jóvenes que han perdido sus trabajos y son apenas 240.000 los que no han tenido, todavía, experiencia laboral alguna. Por tanto, es de esperar que un plan de empleo juvenil en 2010, del que también ha hablado el Congreso, se parezca poco al de 1988. Pero, entonces, ¿para qué un plan específico para un colectivo que sólo se ve desfavorecido por una legislación anticuada? ¿No sería más razonable cambiarla para evitar una discriminación que lleva a demasiados jóvenes a concatenar contratos temporales, para ser luego los primeros en ser despedidos sin coste?
La regulación de los contratos temporales se hizo ante la imposibilidad de acordar otras fórmulas de flexibilidad en las reglas de funcionamiento del mercado laboral. Posiblemente, ha llegado la hora de cerrar la brecha abierta en 1984 entre dos opciones de contratar, unificando las actuales figuras de la contratación temporal con la del nuevo contrato indefinido. Pero ello exigirá reabrir el debate sobre otros mecanismos de flexibilidad necesarios, tanto en la salida como durante la vida del contrato. Si no queremos que contratar de forma precaria y despedir de forma masiva sea el principal instrumento de ajuste de nuestro mercado laboral, tendremos que abordar otras alternativas que incluyan la revisión de las políticas activas de empleo.
Esta semana, en el Aula de Debates de la Fundación Alternativas, que dirijo, hemos planteado el asunto de qué reforma laboral era la necesaria hoy en España. Y me ha sorprendido la coincidencia entre visiones contrapuestas del asunto a la hora de proponer reducir, hasta casi eliminar, la contratación temporal, salvo para pocos casos muy tasados, siendo sustituida por un mayor desarrollo de los contratos indefinidos a tiempo parcial, los fijos discontinuos y los llamados de fomento del trabajo indefinido establecidos en la reforma de 1997, con despido de 33 días. Con ello, se elevaría la protección total sobre los trabajadores, pero se distribuiría de una forma más equitativa, favoreciendo a los jóvenes.
Si queremos caminar en serio hacia un modelo de crecimiento distinto, más basado en la calidad, el talento y el valor añadido, las reglas actuales del mercado laboral deben cambiar en dos aspectos esenciales: necesitamos más trabajadores indefinidos, integrados en las políticas de formación de las empresas, así como debemos modificar la negociación colectiva para que permita un ajuste más rápido a las necesidades de la coyuntura de los mercados y a las características concretas de cada empresa.
He señalado en otros artículos las dificultades que veo para una recuperación significativa en 2010. Desde luego, no parece que, salvo las exportaciones, podamos ver estímulos provenientes de la demanda, ya que el paro, la sequía de crédito y la austeridad pública son tres elementos estabilizadores de un crecimiento que oscilará en torno a cero. Por tanto, algo tendremos que hacer por el lado de la oferta y en esa línea va la Ley de Economía Sostenible, aunque el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, apenas si le reconoce capacidad de elevar «unas décimas» el PIB potencial.
Ahora que hemos inaugurado la temporada de reformas, una que acabe con la temporalidad laboral como elemento principal de flexibilidad, desplazando ésta a otros factores del mercado de trabajo, sería el mejor plan de empleo juvenil que pudiéramos hacer. Y, en todo caso, no deberíamos seguir diseñando nuevos contratos para jóvenes que les mantengan precarizados, aunque se les suba el salario mínimo.
07.12.2009 a las 10:00 Enlace Permanente
Hay poco que hacer. Damos palos de ciego.
08.12.2009 a las 11:46 Enlace Permanente
Veo la argumentación teórica y me parece razonable. Pero soy reticente al resultado de la ecuación. Lo digo porque de tanto escuchar palabras llevamos décadas sin entender la frase completa.
De acuerdo en concebir el mercado laboral como un todo para corregir desaustes y en resarcir a los trabajadores que deben de ser el motor de un nuevo concepto económico de decisiones coyunturales pasadas, pero siempre que el resultado final no sea negativo para el conjunto, porque si no, estaremos fomentando el subempleo global hasta la siguiente crisis, donde alguien seguirá diciendo que hay que flexibilizar aún más, porque lo pone en el libro.
Delicado el tema, y hay que abordarlo con gunte de seda, de manera muy cerebral y repasando las cuentas una y otra vez; porque esto SI es un tema central en el debate económico y político del país.
08.12.2009 a las 23:46 Enlace Permanente
Estimado Jordi:
Desde tu época de Ministro en el MAP he sido admiradora de las medidas que has llevado a cabo entre las que se encuentra el Plan Concilia, sobre todo, en el sentido de racionalizar los horarios en la Administración General del Estado, con poco éxito, por cierto, por la resistencia al cambio de la mayoría de altos funcionarios.
A pesar de no ser socialista coincido en muchas de tus opiniones e incluso, ahora leyendo esta entrada estoy de acuerdo contigo, por eso me sorprendió mucho la entrevista que te hizo Julia Otero en la que opinando sobre la necesidad de eliminar el fraude de ley en la contratación y ante el requerimiento de la periodista para que aclarases qué entendías por fraude de ley mencionaste la subcontratación diciendo que la primera podía ser indefinida… En Derecho laboral cuando se habla de fraude de ley en la contratación temporal se refiere a la contratación temporal sin causa, esto es, un contrato de obra cuya obra no tiene autonomía o sustantividad propia…
No sé cómo se puede evitar pero desde luego los pequeños y medianos empresarios acuden a estas fórmulas de contratación laboral porque ni están dispuestos ni pueden asumir los costes de un despido cuando les vienen mal dadas o cuando el trabajador se aprovecha de la situación y no es posible obtener un despido disciplinario sin la elevada indemnización de un despido declarado improcedente.
En todo caso, espero que las ideas que expresas habitualmente sean tenidas en consideración por los que actualmente están en disposición de legislar y sobre todo que aportes un poco de sentido común en esta huida hacia adelante cueste lo que cueste.
09.12.2009 a las 22:13 Enlace Permanente
¿Qué visión del mundo tiene un parado que no entra en las variables susceptibles de ser o tener derecho a prestación?
La acomodación a situaciones cíclicas por parte de algunos sectores de actividad, como el caso de la hostelería, en que se trabajaba durante 6 meses al año, para seguir viviendo con tres meses de prestación y tres más de subsidio por desempleo, se convirtieron en un lastre económico difícil de soportar por unos presupuestos mermados por la crisis (años 80). Y si a esta se sumaba unas jornadas (en negro) en el campo, … miel en hojuelas.
Desde algunos sectores, se habla de la ociosidad del parado, argumentando que se instala en la holganza de la vida subsidiada, y no se esfuerza por aquello que desde las Oficinas Públicas de ¿Colocación? llaman ‘busqueda activa de trabajo’.
Desde mi punto de vista, y de vida, no es nada agradable, enviar más de 500 currículums a empresas de más de 25 trabajadores, y recibir solo una cortés carta de recepción de la misiva de una de ellas; dos cartas de ‘presuntos responsables de RR.HH.’ que parecían ofendidos por haberles enviado la carta, … del resto: silencio.
Visitar varios polígonos industriales, con sus respectivas empresas es una tarea además de poco gratificante, un tanto humillante.
Creo sinceramente, que much@s de l@s parad@s pueden desempeñar perfectamente las tareas que les encomienden. Incluso puede que tengan la creatividad de realizar los trabajos mejor y más eficientemente que muchos. Sin embargo hay momentos en que no se trata de capacidades, ni de personas. Simplemente, ¡no hay trabajo! Y los empresarios dejan de ampliar o dejan de renovar sus plantillas, sino reducir o eretizar (verbo que me invento: ejercer ERE’s –expedientes de regulación de empleo-).
Lanzo una pregunta al aire, por si alguien la recoge: ¿porqué los empleados de las mayores empresas del Estado No cotizan solidariamente por desempleo? Son varios millones de personas las que bajo una relación administrativa siguen sin cotizar por desempleo. Y esto también es una barrera para plantear otro tipo de flexibilidad en las AA.PP. (no por el hecho de cotizar, sino por el devengo del derecho a una cobertura posterior). ¿Porqué no se pueden acoger las Administraciones respecto a su personal funcionario a Planes de Jubilación Anticipada negociadas colectivamente, con cargo al presupuesto de las Agencias Públicas de Empleo?
¿Porqué no se priman excedencias por cuidado de hij@s en las AA.PP. de hasta 3 años, con percepción de las retribuciones básicas?
Sinceramente, creo que es mejor utilizar alguna de estas herramientas antes que seguir ‘privatizando’ más y más servicios públicos, que se degradan paulatinamente, enriqueciendo no se sabe qué bolsillos.