Meditaciones sobre una huelga. (Publicado en Mercados de El Mundo)

Para quienes crean que “nuestro más importante problema es el paro juvenil y la precariedad laboral” como dijo el Presidente Zapatero en Zaragoza esta semana, les costará encontrar una solución a ambas cuestiones en la reforma laboral o en los Presupuestos para 2011. Abaratar el coste del despido y reducir el déficit público de manera drástica, pueden ser condiciones necesarias para volver a crear empleo en nuestra economía pero, en ningún caso, son suficientes.
            El paro juvenil duplica la tasa media de desempleo español que, a su vez, dobla la media de la Unión Europea. Y no es la primera vez que algo así ocurre. Al menos desde 1988, cuando se desencadenó la primera gran huelga general del 14-D, todos los Gobiernos han buscado respuestas abaratando la contratación de los jóvenes en el marco de una legislación propia. Aquella movilización hizo fracasar el Plan de Empleo específico, dejando abierta como vía habitual de contratación juvenil, la temporal. Desde entonces, la dualización del mercado laboral ha sido una constante en nuestro modelo económico. Tanta protección para unos trabajadores indefinidos solo se puede compatibilizar con alta creación de empleo, en períodos de intenso crecimiento económico y grandes beneficios empresariales, en un modelo laboral que utiliza como variable de ajuste la contratación precaria de otros. Así, las dos partes del mercado laboral se alimentan mutuamente, dado el nivel de iniciativa y fortaleza empresarial que tenemos.
Por ello, abordar sólo una parte de la ecuación, no reducirá, de manera efectiva, el paro y la precariedad juvenil. No reformarlo de manera integral, solo significa empeorar las condiciones laborales de unos trabajadores, sin que mejoren las de otros, inclinando con ello la balanza de la capacidad negociadora hacia la primera parte contratante, es decir, los empresarios. Por tanto, con la reforma laboral a medio cocer que ha impulsado el Gobierno, uno entiende la oposición sindical y la insatisfacción general entre expertos.            
Sobre todo, cuando sabemos, que sean cuales sean las condiciones legales del mercado laboral, el empleo solo se crea mediante la reactivación económica y se protege mediante una mayor flexibilidad en las situaciones contractuales, ante una coyuntura ampliamente fluctuante. Y si lo segundo se ha dejado para más adelante tras conceder tiempo a los interlocutores sociales para que encuentren un camino practicable mediante reformas pactadas en la negociación colectiva, lo primero ha quedado sacrificado ante el altar de la reducción brusca del déficit exigida, al parecer, por los mercados financieros internacionales y nuestros socios del euro, a un ritmo y una intensidad superior, incluso, a lo propuesto en el G-20. Esto los sindicatos lo llaman, el giro, o el cambio de carril, del Gobierno hacia políticas de recorte del gasto social con impacto negativo, además, sobre la recuperación.
La combinación de una reforma laboral que disminuye la protección a unos trabajadores a cambio de poco, junto a una política económica restrictiva que ha llevado al Gobierno a elevar su previsión de paro para el año próximo, mientras adelanta recortes en las pensiones futuras como consecuencia de una manera actuarial de ajustar solo los gastos del sistema de seguridad social, explicaría las críticas sindicales al Gobierno. Pero no la huelga general.
Pasar desde la crítica hasta la huelga general, exige acumular mucho enfado, sobre todo, cuando tampoco se quiere favorecer la alternancia de partido político en el Gobierno. Enfado que refleja, más allá de sentimientos personales heridos, dos hechos: el Gobierno dirigió mal el proceso de diálogo social durante los muchos meses previos y, en segundo lugar, que sigue pendiente una explicación convincente del cambio habido en la política económica del Gobierno, desde una crisis que no existía, hasta el brusco recorte social, pasando por los Pactos de Zurbano o las 183 medidas aprobadas.
La huelga general introduce un conflicto social donde predominaba, en exclusiva, una confrontación partidista y ello hace cambiar el paso a algunos. De esa mayoría de trabajadores que no han seguido la huelga, no todos apoyan al Gobierno o comparten las tesis antisindicales, estilo Tea Party, que hemos oído  estos días. Estos sindicatos son manifiestamente mejorables, sobre todo, en su capacidad propositiva y de defensa de los más débiles. Pero no creo que una sociedad sin sindicatos fuertes, fuera más justa, equitativa y desarrollada que esta. Todos los buenos empresarios que conozco, creen en la Responsabilidad Social Corporativa y en la necesidad de tener sindicatos serios con los que negociar la marcha de su empresa. Porque vivimos en sociedades donde existen intereses sociales, además de pasiones e ideologías, intereses que a veces confrontan y, a veces, lo hacen de manera virulenta. Sin necesidad de recurrir a la anticuada lucha de clases, unos empresarios que necesitan despedir preventivamente a trabajadores para mantener sus beneficios y unos trabajadores cuyo único beneficio es que no los despidan, tienen intereses confrontados que, según la coyuntura, pueden chocar de una manera o de otra.
El papel, entonces, del gobierno, es fundamental porque gestionar una crisis como esta no es una cuestión técnica, sino que refleja convicciones en la medida en que establece como se reparte el coste de la misma entre grupos sociales. Apuntalar a los bancos con dinero público que se escatima para la inversión en infraestructuras o en pensiones, puede ser inevitable o, incluso, necesario. Pero tiene consecuencias negativas sobre la cohesión social porque muchos no entienden que una tasa sobre beneficios financieros sea algo perjudicial, mientras que rebajar sus propios salarios sea imprescindible y positivo.
Tal vez los sindicatos hayan contribuido, también, a dañar nuestra imagen internacional. Pero los rumores, difundidos desde España, con dudas sobre nuestra solvencia como país, que dieron lugar en meses pasados a costosos ataques por parte de unos mercados financieros intoxicados, son mucho peor, porque mentir para dañar, no es un derecho constitucional como la huelga. Tengo la impresión de que muchas cosas no serán igual, después del 29-S. Aprovechémoslo, rectificando todos un poco, para corregir esta trayectoria de confrontación generalizada en la que andamos. Las cosas, pueden hacerse de otra manera.