2013
Pensiones con las cartas marcadas. (Publicado en Mercados de El Mundo)
Saben aquel que uno le pregunta a otro: ¿qué harías si vas por la calle y te encuentras de frente con un toro? Pues correr. ¿Y si el toro corre más que tú? Le despistaría metiéndome en un callejón. ¿Y si el callejón no tiene salida? Me subiría a una ventana. ¿Y si no hubiera ventanas? El amigo se le queda mirando y dice: ¡tú lo que quieres es que me coja el toro! Pues lo mismo con las pensiones públicas: para que recortarlas sea asumido como la única e inevitable solución, hay que ir eliminando otras alternativas e hipótesis diferentes. Pero con ello, se está haciendo trampas. Y no me quiero escudar, aunque se podría, en las veces en que los expertos han anunciado, con voz engolada, un colapso inminente del sistema de pensiones que luego no se ha producido porque habían excluido, precisamente, aquellas variables, como la inmigración, que han acabado por salvarlo.
Empecemos por cuatro hechos no discutibles: Primero, el paro masivo, consecuencia de cinco años de recesión, ha llevado a la Seguridad Social a tener déficits que han sido cubiertos, sin problemas, por el Fondo de Reserva creado a tal fin. Segundo, a partir de 2046, la rápida incorporación de la generación del baby boom significará pasar de 9 a 15 millones de pensionistas, deteriorando la relación entre pensionistas y cotizantes. Tercero, gastamos en pensiones un 10% del PIB, menos que la media de la zona euro, siendo nuestra pensión media inferior también a la eurozona y ese desequilibrio poblacional significará elevar el gasto al 13,5% del PIB, lo que seguirá siendo, entonces, inferior a la media europea. Cuarto, a medio plazo, la tasa de ahorro de las familias, aquella que debe financiar planes privados complementarios de pensiones, estará limitada tanto por el proceso de deflación de rentas a que estamos sometidos, como por la devolución del sobreendeudamiento anterior.
Si a la conjunción de estas cuatro realidades, unimos el mantenimiento invariable del actual modelo de pensiones públicas basado en repartir solo las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores activos, entonces el déficit del sistema está asegurado y será creciente sin que tengamos más remedio que avanzar en mecanismos de corrección del mismo (retrasar la edad de jubilación, elevar la contributividad, introducir un factor de sostenibilidad etc) que tienen una única finalidad explícita: reducir la cantidad de pensión recibida por cada unidad de euro cotizada. Es decir, rebajar las pensiones futuras. Así, excluyendo todas las demás alternativas, no queda más remedio ni tenemos otra escapatoria que recortar derechos, aunque podamos discutir intensidades y plazos.
Sin embargo, si ante esas mismas realidades, estamos dispuestos en este siglo XXI a modificar algunos parámetros de un sistema construido en plena revolución industrial y no solo a retocar sus variables, entonces el espectro de alternativas se amplía y rebajar las pensiones ya no es la única opción. Con carácter ilustrativo, mencionaré cinco cosas que se puede hacer para responder a la recesión y al cambio poblacional, sin rebajar pensiones: primera, utilizar el Fondo de Reserva para la finalidad que fue creado, es decir, atender déficits transitorios del sistema, lo que nos permitirá llegar hasta 2019, confiando en que esa recuperación de la economía que anuncia el Gobierno, día sí, día también, se consiga para esa fecha. Segundo, de persistir los déficits, o incrementarse ante un empeoramiento de la recesión, se puede recurrir a préstamos del Tesoro (ya se hizo en el pasado) dado que las pensiones se consideran derechos sociales básicos que ningún Estado dejaría de pagar, como se hace con todo aquello que ya financia nuestra creciente deuda pública. Tercero, se puede incrementar los ingresos, bien subiendo las cotizaciones, bien enchufando a la Seguridad Social ingresos finalistas procedentes de otras fuentes públicas, como ya preveía el Pacto de Toledo y recoge, por cierto, el reciente Informe de los expertos. Cuarto, podemos plantear a medio plazo y con períodos transitorios, un cambio radical del modelo que lleve a un nuevo sistema que tenga tres fuentes de financiación: cotizaciones sociales (más reducidas que ahora), una Contribución Social Generalizada que en forma de impuesto sintético (recargos sobre IVA, patrimonio, IRPF y Sociedades) se vincule a la riqueza y no solo al trabajo de la sociedad y aportaciones salariales obligatorias incorporadas en la negociación colectiva (convirtiendo salarios líquidos en salarios diferidos) para atender a tres tipos de pensiones solapadas: la básica, generalizada para todos (incluyendo las actuales mínimas y no contributivas), aunque modulando su reparto individual en función de parámetros de contributividad; los planes de pensiones de empleo, negociados en convenio colectivo y las aportaciones a planes individuales privados. Ese nuevo modelo, pondría fin a la anómala existencia de un ente, la Seguridad Social, captador de impuestos y pagador de prestaciones sociales, al margen de la Hacienda general del país, insertando con ello todas las pensiones en el esquema general de redistribución de la renta, desde el actual seguro cerrado entre trabajadores.
Atender a una reforma estructural así (un esquema normal en otros países) cambiaría los términos del debate actual, de forma que las pensiones dejasen de repartir cotizaciones menguantes para pasar a repartir riqueza creciente en una sociedad que estará más envejecida, pero será más productiva. Con ello, eliminaría la hipótesis de reducción ineluctable de las pensiones e inyectaría competitividad a nuestras empresas globalizadas al reducir las elevadas cotizaciones sociales. Eso, y no los impuestos, es lo que tendríamos que bajar hoy.
Los expertos convocados por el Gobierno han evacuado un Informe sobre la reforma del modelo de las pensiones que dentro de las restricciones del encargo, incluido su inserción en lo acordado por el Gobierno anterior con los interlocutores sociales y que apenas acaba de entrar en vigor, es mucho más complejo y matizado de lo que se ha popularizado. Pero, en democracia, no son los técnicos quienes toman las decisiones, sino los políticos elegidos por la ciudadanía. ¿Se atreverá este Gobierno a proponer una reforma que persiga subir nuestras pensiones hasta equipararlas a las alemanas en 2040?