Hay cosas que no son opinables. Para los 2.500 científicos del mundo agrupados en el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), y para los 192 países que firmaron en 1992 la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el calentamiento del Planeta como consecuencia de la actividad humana relacionada con el ciclo del carbono y el exceso de emisiones de gases de efecto invernadero no es una cuestión relacionada con la libertad de pensamiento, ni un asunto de chisme o de broma: es una evidencia científica sobre la que se van acumulando pruebas a favor, predicciones cumplidas y, sobre todo, damnificados que ya empiezan a ser muchos y conocidos.
Eso no impide que sea difícil llegar a acuerdos sobre compromisos concretos de reducción, transferencia de tecnología o ayudas financieras a los países recién llegados a la contaminación, como estamos viendo estos días en la Cumbre de Copenhague, donde, más incluso que en las reuniones del G-20 sobre la crisis financiera internacional, se está debatiendo si somos capaces -o no- de articular una auténtica política de civilización.
En los últimos 200 años, hemos montado en los países industrializados un sistema económico y de vida basado en el consumo masivo de fuentes energéticas ricas en carbono: carbón, petróleo, gas. Su legítima generalización al resto del planeta lanza a la atmósfera una cantidad de partículas contaminantes, en especial CO2, superior a la que ésta puede depurar, por lo que se acumulan creando un efecto invernadero que calienta la atmósfera con sus impactos conocidos sobre el clima: subida del nivel del mar, sequías, ciclones, acidificación del océano, etcétera, con una intensidad y frecuencia superior a lo que venía siendo normal sin este fenómeno.
Esto es ya un hecho irreversible: la nave espacial Tierra se está calentando hagamos lo que hagamos a partir de ahora. Por ello, estamos viendo ya efectos del cambio climático sobre poblaciones y territorios, así como sobre la salud, y por ello hay que poner en marcha medidas para mitigar los efectos que ya están teniendo lugar, así como los previsibles.
De lo que se trata en Copenhague, como antes en Kyoto, es de elaborar estrategias eficaces que limiten los daños a algo controlable: una subida tope de dos grados centígrados de media, que se puede obtener, según el consenso científico, con un máximo de emisiones de 450 partes por millón. Alcanzar estos objetivos exige disminuir la cantidad la CO2 lanzada a la atmósfera mediante tres mecanismos esenciales: reduciendo las emisiones globales, ensanchando los espacios naturales de sumideros de CO2 (áreas forestales) y capturando emisiones y enterrándolas adecuadamente.
Las negociaciones políticas tienen que acordar los siguientes aspectos: fijación de periodos homogéneos de comparación tanto del año base como del periodo de aplicación. Proceder al reparto por países de los compromisos de reducción. Señalar aquellos sectores que deben regularse a nivel mundial para evitar competencias desleales (aviación). Diseñar mecanismos a escala internacional que flexibilicen los compromisos de reducción nacional: compra de derechos de emisión, inversiones en reforestación. Y establecer procedimientos de inspección y comprobación de estos compromisos sin descartar sanciones por incumplimiento.
Junto a ello, otros aspectos son igualmente claves. Dado que existe tecnología suficiente para lograr los objetivos fijados hasta 2020 deben arbitrarse mecanismos que permitan su generalización a todos los sectores y países, lo que lleva asociado el problema de las transferencias de dicha tecnología a zonas atrasadas en condiciones más favorables que las del mercado. Pero además, hace falta un fuerte esfuerzo inversor en nuevas tecnologías que permita dar el siguiente salto reductor en 2050. Además, como el impacto de todos estos cambios no se reparte de manera equitativa y limita más las posibilidades de crecimiento de los países más atrasados, hace falta apoyo económico por parte de los más adelantados, que llevan más años contaminando.
Estamos, por tanto, ante un problema de coste y su reparto y otro tecnológico en su doble faceta, difusión e investigación nueva. Pero con una única idea clara: si no queremos que las repercusiones del cambio climático se descontrolen con un coste social y económico muy superior, el futuro deberá construirse sobre una sociedad que utilice menos el carbono. Como fuente energética (el ahorro, la nuclear y las renovables como alternativa) pero también en cada uno de los productos, incluyendo la vivienda.
Estamos, pues, ante una cuestión transversal que afecta a nuestra manera de producir, consumir y vivir requiriendo una respuesta coordinada tanto de las empresas como de las administraciones, diseñando, por ejemplo, las nuevas ciudades sostenibles con emisión cero de CO2, los investigadores y los financieros que deben crear mecanismos que aseguren dinero suficiente para todos estos cambios.
Y me atrevo a decir que eso es así, pase lo que pase en Copenhague, porque la responsabilidad de dar una respuesta global a un problema creado por nuestro sistema actual de vida no es en exclusiva de los gobiernos allí representados. Es mucho lo que las grandes empresas internacionales están haciendo y apoyando bajo el manto de Naciones Unidas o de otras estructuras mundiales. Por ejemplo, a iniciativa del premier británico, Gordon Brown, más de 100 CEO’s de grandes empresas de varios sectores de actividad, junto a 200 expertos académicos y gubernamentales, han trabajado un año en el marco del World Economic Forum para elaborar un documento de sugerencias que en base a una colaboración público-privada permitan construir una arquitectura de respuesta de abajo arriba en asuntos como las inversiones, la eficiencia energética, las nuevas tecnologías adecuadas a un crecimiento cero en emisiones así como en transformaciones en el sistema energético con el objetivo de transitar hacia una economía baja en carbono.
Pero todavía es más lo que se debe hacer desde la sociedad civil española, incluyendo un posicionamiento activo de la industria y de las empresas -fundamental para transformar la lucha contra el cambio climático en una gran oportunidad de negocio que puede ser muy rentable y, además, sostenible, es decir, con cero emisiones- junto al de organizaciones sociales y sindicales.
