Chequera y reformas institucionales. (Publicado en Mercados de El Mundo)

No hemos sido capaces de encontrar un sistema económico en el que no se produzcan fluctuaciones cíclicas de la producción y, de tanto en tanto, rupturas bruscas de tendencia en forma de crisis, con sus secuelas conocidas de pérdida de riqueza, empleos y bienestar. Estas pérdidas provocadas por las crisis no se reparten por igual entre toda la sociedad, pudiendo señalarse tres grupos diferentes. Uno, que puede representar en torno a un cuarto de la población total, no se ve afectado por la crisis en el sentido de que su vida y sus decisiones no cambian de manera sustancial. En este grupo podemos señalar a los muy ricos, que a pesar de que pierdan riqueza, siguen teniendo la suficiente para no alterar su sistema de vida, pero también a todos aquellos que tienen sus ingresos blindados. Me refiero, de manera especial en España, a pensionistas y funcionarios.

Existen otros dos cuartos de la población que sí se ven afectados por la crisis económica, pero que pueden capearla apretándose el cinturón. Sus ingresos familiares disminuyen, pero pueden seguir adelante con un reajuste, aunque severo, de sus patrones de vida y consumo, sobre todo si el Estado les asegura una prestación por desempleo y la gratuidad de servicios públicos como la sanidad y la educación.

Por último, otro cuarto es el que se ve golpeado de manera brutal por los efectos de la crisis, teniendo que cambiar su régimen de vida de manera drástica como consecuencia de la pérdida del empleo, a veces de la vivienda y de otros subsidios. Todos ellos corren serios riesgos de situarse por debajo del umbral de la pobreza, salvo que puedan volver a vivir con sus padres, ya que la principal red social de solidaridad sigue siendo la familia.

Conviene recordar que esta crisis es de sobreendeudamiento. Vivir a crédito es una forma racional de adelantar en el tiempo el acceso y disfrute a determinados bienes y servicios. Pero siempre que se pide un préstamo hay dos riesgos simultáneos. Por parte del deudor, no poder devolverlo y sufrir las correspondientes penalizaciones. Y por parte del prestamista, apuntar la correspondiente pérdida en sus balances, lo que reduce sus beneficios y su capital. La magnitud del endeudamiento privado ha sido tremenda y creciente en los últimos años.

Pero, además, se ha producido el efecto Minks con una paulatina pérdida de calidad crediticia por parte de las nuevas unidades económicas que entraban en el esquema. Los créditos subprime o los préstamos concedidos a los llamados ninjas, que quiere decir personas sin ingresos fijos, sin trabajo estable y sin activos propios, se han hecho famosos como origen y desencadenante de la crisis financiera actual.

Pero el verdadero problema no es tanto el sobreendeudamiento de personas con escasa probabilidad de devolver esos préstamos, sino la gran cantidad de ellos que existen, como consecuencia de la creciente desigualdad de renta y el aumento de los llamados, en EEUU, trabajadores pobres, personas con trabajo pero que debido a la precariedad de los mismos, sus bajos salarios y la necesidad de recurrir a sanidad, educación y pensiones privadas, les convierte en casi pobres con una baja capacidad adquisitiva.

Con los esquemas tradicionales, siempre hay una parte de la sociedad excluida del crédito bancario razonable, dado el elevado riesgo que conllevaría concedérselo. Pero cuando los excluidos son tantos que parece necesario contar con ellos en la sociedad consumista para que con su demanda contribuyan a mantener el crecimiento general y, además, la ingeniería financiera permite a las entidades de crédito reducir los riesgos, gracias al uso de derivados y otros títulos de inversión que se cargan sobre un activo que respalda el crédito, la vivienda, están sentadas las bases para que ocurra lo que ha ocurrido, en un contexto de bajos tipos.

La producción capitalista necesita demanda que compre sus productos. Y las políticas fiscales, salariales y sociales mantenidas en EEUU a partir de la presidencia de Reagan y su revolución conservadora, con el breve paréntesis de Clinton, empobrecieron a una parte creciente de la sociedad americana e inmigrante, que sin capacidad excedentaria para gastar o ahorrar de sus magros ingresos, se veían excluidas de la fiesta consumista que sostenía el largo periodo de crecimiento económico. El crédito de alto riesgo concedido a estos grupos sociales compensaba así la escasez de ingresos que debería proporcionarles unos trabajos dignamente retribuidos. Y los convertía en consumidores hoy, aunque con ello fueran incubando las bases del desastre posterior.

Con otro tipo de políticas de rentas fiscales y sociales dirigidas a reequilibrar las desigualdades, una buena parte de esos amplios colectivos de clases medias trabajadoras no se verían tan necesitados de recurrir al endeudamiento para mantener unos patrones tradicionales de consumo . O lo harían con mayor capacidad para hacer frente a sus obligaciones crediticias. Por eso, las políticas que incrementan de manera excesiva las desigualdades de renta y de riqueza se pueden considerar, también, entre las razones de esta crisis.

Parece, pues, consistente con la evidencia, asumir que las crisis no son anormalidades erráticas que alteran el estado normal de las cosas, sino algo recurrente. Que aunque en ellas puedan darse fenómenos individuales de errores, avaricias o comportamientos codiciosos, lo relevante es reconocer que todo ello es posible porque hemos construido una estructura institucional que los permite, cuando no los estimula. Que si interiorizamos que los ciclos y las crisis son inevitables en nuestra sociedad, aunque no sepamos qué, cómo y cuándo se desencadenan, podremos actuar para paliar sus efectos negativos mediante reformas profundas de nuestras reglas de funcionamiento institucional.

Que es lo que necesitamos hacer ahora, para no limitarnos a acompañar el fuerte endeudamiento privado que ha desencadenado la crisis, con otro endeudamiento público mayor a base de aprobar, solo, políticas de chequera presupuestaria, sin reformas estructurales e institucionales que reduzcan la desigualdad de rentas y oportunidades. En EEUU, como en España.