Los bancos no son para sentarse, publicado en Mercados de El Mundo

Se ha levantado la veda y algo empieza a moverse en el sistema financiero español. Como yo tampoco tengo información al respecto (de hecho, desconfíen de quien diga tenerla, aunque no duden de que alguien la tiene), hay que interpretar las señales surgidas en las últimas dos o tres semanas, entre las cuales están:

La patronal bancaria asume su parte de culpa en los excesos crediticios del pasado y, además, manifiesta su voluntad de arrimar el hombro para salir de la crisis, según declaró su presidente en la comparecencia parlamentaria de esta semana. Para quienes recordamos lo dicho hace poco más de un mes por la misma patronal, esta declaración representa un giro de 180º.

La misma patronal se manifiesta en contra de las ayudas públicas a las entidades en dificultades porque eso debilita al sector, lastra la recuperación y, más en general, defiende que se deje caer a quienes no sean viables. Hace poco, los presidentes de los dos principales bancos españoles se posicionaron en igual sentido. Incluso, apremiaron a quien corresponda a que señalara con el dedo a aquellos que tuvieran problemas para, por contraste, decir quiénes no los tienen.

Ha echado a andar la primera fusión, por razones achacables a la crisis, entre cajas de ahorros.

A la vista de estos datos, daría la impresión de que en un corto espacio de tiempo se ha empezado a levantar el tabú que blindaba nuestro sistema financiero. A pesar de los obligatorios gritos de rigor en favor de la solvencia del mismo y de las declaraciones solemnes respecto a que no hemos contraído la enfermedad que está llevando a la tumba a gigantes bancarios del mundo entero, se empiezan a colar en las declaraciones públicas de los responsables sectoriales dos ideas: que pueda estar en marcha un intenso proceso de reestructuración de nuestro sector financiero como efecto de lo que nos toque de la crisis internacional y, en segundo lugar, que hay quien se cree preparado para acudir al mismo en una posición ventajosa que no quiere perder a causa de una intervención pública a favor de los débiles.

Así pues, mientras los ciudadanos seguimos preocupados por los problemas de liquidez que se traducen en restricciones en los créditos a empresas y familias mayores que la media europea, según ha reconocido el Banco Central Europeo, los gestores de nuestros bancos y cajas saben que el problema, para algunos, no es de liquidez, sino de solvencia, y habiendo olido sangre empiezan a tomar posiciones y preparan su artillería para la que va a venir. El asunto no es menor.

Si, después de todo, existen entidades financieras españolas con problemas insalvables de solvencia por no tener capital propio suficiente para hacer frente a sus compromisos, ¿qué hay que hacer? En teoría, hay cuatro opciones: dejarlas quebrar, como se hizo con Lehman o con cualquier empresa de otro sector. Podemos inyectarles capital público, nacionalizándolas como están haciendo muchos países desarrollados. Podemos favorecer que sean compradas por una entidad solvente, como se ha hecho en el Reino Unido con no demasiado acierto. O podemos incluirlas en los procedimientos de intervención existentes en España para casos similares, dejando que actúe el Fondo de Garantía de Depósitos como se hizo con Banesto a principios de los años 90. La solución que se adopte no es una cuestión técnica ni neutral desde un punto de vista de la concentración del poder económico, de la competencia y de la eficacia futura en el sector.

A tenor de las señales presentes en el horizonte, no creo que sea equivocado augurar que para las cajas con problemas se intentará su absorción por otra caja. Mientras, para los bancos, la presión a favor del uso exclusivo del Fondo de Garantías se abre camino de forma casi irreversible. Actuando así, se mantendrá el estatus entre cajas y bancos, se incrementará el nivel de oligopolización en el sector y se evitará la posibilidad de una nueva banca pública.

Si ya podemos hablar sin tapujos de la posibilidad, incluso inminencia, de un proceso de reestructuración en nuestro sistema financiero, convendría plantear también cosas adicionales que, al final, mejoren la competitividad del mismo para que pueda ofrecer servicios de manera más eficiente y barata. Dado que el proceso de reestructuración sólo será posible bajo tutela pública, su finalidad no puede ser sólo fortalecer la posición internacional de nuestros bancos y cajas en beneficio exclusivo de sus accionistas. Tendríamos que aprovechar para corregir los problemas de funcionamiento que nos han conducido a la actual crisis en el mercado de crédito.

A este efecto, sería útil analizar las razones por las que un sistema financiero tan moderno como el español se mueve muy mal en entornos como éste, de tipos de interés nominal bajos, hasta el punto de que tiene que sobrecargarlos con comisiones excesivas que perjudican a usuarios y consumidores. En segundo lugar, dado que las burbujas especulativas tienden a ser recurrentes y sólo pueden darse con la ayuda inestimable del sistema financiero, tendríamos que intentar reducir su frecuencia e intensidad. Esto último tiene que ver con la regulación obligatoria, pero también con códigos de conducta y compromisos públicos de responsabilidad social exigibles de manera especial en este sector.

Esta crisis nos ha hecho conscientes de muchas de nuestras debilidades.Pero, sobre todo, del papel especial que en una economía capitalista desempeñan aquellas instituciones que tienen la función de crear crédito. Entidades que actúan de acuerdo a la lógica de un sistema económico determinado que es, precisamente, la que debemos intentar cambiar para corregir sus excesivas fluctuaciones. La reestructuración del sector no puede, por tanto, concluir esta vez sólo con un nuevo reparto del poder en su seno. Hace falta una nueva regulación y diferentes prácticas, en defensa del interés general. Porque los bancos no son para ganar dinero propio, sino un servicio público esencial para gestionar de manera eficiente el dinero ajeno.