Tareas económicas que no admiten demora. (Publicado en Mercados de El Mundo)

La campaña electoral no ha representado una confrontación entre propuestas alternativas sobre la preocupante situación de la economía española. Incluso en horas difíciles como estas, mientras la prima de riesgo se lleva por delante a Gobiernos europeos, nuestros partidos han desempeñado al milímetro el papel que consideraban mas adecuado para maximizar sus intereses particulares. A partir de hoy, sin embargo, toca hablar con detalle del país, sus problemas y sus soluciones, sin olvidar concretar cómo vamos a recortar el déficit público en los 30.000 millones necesarios para alcanzar en 2012 el objetivo del 4,4% del PIB, en un contexto recesivo.

Se abre, ahora, una ventana de oportunidad para que ciudadanos y grupos de interés hagamos llegar al todavía innominado nuevo Presidente nuestras propuestas, tras semanas de escucharles a ellos. Convirtiendo esta columna en seudo escaño parlamentario temporal quiero dejar constancia de lo que creo debe de hacer, en economía, el Gobierno que salga de las urnas, convencido de que en momentos excepcionales como estos, donde vuelve la recesión, se nacionalizan bancos, los mercados cambian gobiernos, la democracia se ponen en cuestión sustituida por la tecnocracia y Alemania reconstruye la zona euro a su medida, hace falta romper esquemas en la manera de hacer política nacional.

Mi visión sobre el momento que atraviesa España me trae a la memoria retazos de nuestra historia que quiero citar a título de comparación. Tenemos que efectuar un ajuste del elevado endeudamiento público y privado que tenemos, equiparable a lo que representó, en 1959, el Plan de estabilización. También urge poner en marcha estrategias de crecimiento y de cambio del modelo productivo de la magnitud de los Planes de desarrollo de los años 60 o de la reconversión industrial de los 80. Necesitamos articular reformas estructurales en el funcionamiento institucional de nuestro sistema económico que sigan la estela de las realizadas para integrarnos en la Comunidad Económica Europea. Por último, todo ello requiere mantener una cohesión social y territorial reforzada, con acciones sobre fiscalidad y estado del bienestar, como las puestas en marcha a partir de los Pactos de la Moncloa (1977).

  No podemos continuar sin absorber, mediante una devaluación interna, los efectos perdurables de la crisis sobre nuestro sistema productivo. En lugar de esperar a que se produzca por la vía lenta e injusta del paro y del deterioro del poder adquisitivo, tenemos que asumir una rebaja sustancial de los costes laborales no salariales, es decir, de las cotizaciones sociales, del orden de cuatro o cinco puntos con tres efectos inmediatos: inyectar liquidez empresarial, facilitar la contratación y mejorar la competitividad internacional. Ello obliga a sustituir esa financiación de las pensiones por impuestos generales vinculados a la riqueza global, aproximando nuestro actual modelo de pensiones a otro con ingresos más equitativos.

Hay que diseñar planes de reactivación en, al menos, cuatro sectores con gran capacidad de arrastre y de creación de empleo: construcción, automóvil, turismo y alimentación. Planes articulados que vinculen esfuerzos públicos (de Gobierno central y autonómicos) y privados, para conseguir reactivar la demanda y la producción mediante descensos significativos y perceptibles de los precios finales.

La consolidación presupuestaria no es optativa. Se debe reforzar los mecanismos de control previo del gasto, así como aprobar compromisos vinculantes, transparentes y con sanciones por incumplimiento, para todas las administraciones, pasando de los recortes a las reformas en las principales partidas: personal (prejubilaciones, regulaciones de empleo en laborales e interinos y reducciones en tiempos de trabajo, vinculadas a reducciones de salarios, en funcionarios); sanidad (reforzando el Sistema Nacional de Salud mediante prácticas conjuntas de ahorro y externalizaciones de servicios) e inversiones (con evaluaciones externas sobre su urgencia y sentido económico). Habrá que subir impuestos de manera selectiva, especialmente a las rentas altas eximidas de tributar por IRPF y ampliar las bases tributarias mediante dos decisiones excepcionales: recortar a la mitad los actuales 40.363 millones presupuestados como beneficios fiscales a distintos impuestos y regularizar rentas irregulares mediante la emisión de títulos públicos especiales.

Reactivar el flujo de crédito requiere abordar la reforma del sistema financiero con otra filosofía, trasladando al Fondo de Garantías los activos tóxicos inmobiliarios (suelo), como vengo reclamando desde hace tiempo, a cambio de deuda pública, en condiciones penalizadoras pero que mejoren ratios de solvencia, afectando positivamente a la financiación privada. Por último, el mercado laboral (convenios), el sector energético (tarifa, renovables y nuclear), el comercio (horarios y licencias) así como transportes, deben ser objeto inmediato de decisiones orientadas por dos principios generales: abaratar costes e incrementar la flexibilidad de adaptación ante circunstancias cambiantes.  

Si tenemos que romper la inercia con que nuestra economía camina hacia el estancamiento y la desigualdad, impulsando nuevos bríos en otra dirección, necesitamos, con urgencia, un Plan de Actuaciones Extraordinarias en, al menos, estos ámbitos de trabajo, con una intensidad suficiente para que las medidas tengan impacto real sobre las decisiones de los agentes económicos y de los mercados financieros. Si, además, queremos incidir de manera positiva sobre las expectativas nacionales e internacionales, se impone hacerlo mediante un gran Pacto de Estado, que vengo reclamando desde 2008, en el que, más allá de mayorías parlamentarias, se consiga una mayoría social en torno a un programa de reformas que generará fuertes resistencias localizadas.

No sé, todavía, quién será el próximo Presidente del Gobierno. Pero sí sé que no podremos capear el temporal en esta nueva fase de la crisis sin pasar a una actitud proactiva y de las musas electorales a las matemáticas de los Presupuestos. Las encuestas muestran que para los españoles la clase política es el tercer problema del país y los partidos políticos una de las instituciones peor valoradas. Esperemos que, en este contexto, una elevada participación en las elecciones sea considerada un ejercicio de responsabilidad democrática ciudadana que provoque reacciones positivas en los partidos y en la clase política en el sentido de encender, a partir de ahora, el modo “ponerse de acuerdo”, con el fin de resolver los problemas y no solo usarlos para darse patadas en nuestro trasero.